Ya no es solo un vecino el que afirma que las torres de Punta Llisera de Benidorm recién concluidas adolecen de un exceso de edificabilidad. Un informe de un técnico municipal redactado en 1996 señalaba que los inmuebles, comercializados con el nombre de "Gemelos 28" y construidos en el Rincón de Loix a escasos metros del mar, debían ceñirse a un "volumen común" de 2,5 m3 por metro cuadrado, lo que arrojaba una superficie total de construcción de 26.597 m3. Ni uno más, tal y como determinaba la licencia de construcción, que data de 1988. Sin embargo, en la actualidad los "Gemelos 28" tienen, según consta en los planos de su proyecto de ejecución, un aprovechamiento urbanístico de 3,086 m3/m2 y, por lo tanto, una volumetría mínima de 32.870 m3, lo que representa un exceso de edificabilidad del 23,4%: o, según se prefiera, 6.200 m3 más de lo que debía haberse construido. Este último guarismo habría permitido a la constructora aumentar la altura de los pisos -lo que por ley podía hacer- pero sin reducir la superficie, algo a lo que también estaba obligado.
Los datos del informe de 1996 son importantes. Darían la razón al residente de la zona Emilio Ramírez, quien ha denunciado al actual alcalde, el socialista Agustín Navarro, por un presunto delito de prevaricación urbanística después de que el pasado 9 de junio concediera la licencia de ocupación de las torres. Ramírez también ha llevado a los tribunales a los tres técnicos municipales que avalaron con sus informes ese permiso. Y lo ha hecho porque mantiene que tanto el munícipe como los funcionarios sabían que la volumetría no se ajustaba a lo que decía la licencia de 1988.
El citado informe fue redactado por otro técnico municipal, Andrés Laporta, en la actualidad en situación de excedencia. Aquel 1996 fue un año curioso en la historia urbanística de Benidorm: el dictamen de Laporta sirvió para avalar el estudio de detalle del proyecto, que fue aprobado en un pleno con los votos favorables del PP (entonces en el gobierno) y del PSOE, y los sufragios negativos de Esquerra Unida. La corporación dio su visto bueno al proyecto pese a un informe negativo de la jefatura provincial de Costas -dependiente del Gobierno Central-, que advertía de que aquel ordenamiento urbanístico vulneraba el espacio de protección de la línea marítima. No obstante, PP y PSOE actuaron de esta forma en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo que reconocía el derecho a construir del titular de la licencia. En caso contrario había que indemnizar al propietario con 2.367 millones de las antiguas pesetas. Dicha licencia perteneció primero al empresario italiano Achille Cafarelli; después, el promotor Andrés Ballester obtuvo los derechos.
Así que de acuerdo. En 1996 se aprobó el estudio de detalle. Pero siempre con el aprovechamiento de 2,50 m3 que marcaba la licencia de 1988. ¿Cómo pudo ser posible entonces el presunto exceso de edificabilidad? Pues porque se dio otro paso. En la denuncia que ha presentado ahora Ramírez se advertía de que en 2006 -aún bajo mandato popular-, al tramitarse la licencia ya con el proyecto de ejecución, se incrementó la volumetría prevista en 1988. Sin embargo, en los informes de los técnicos que ahora han permitido al actual alcalde conceder la licencia de ocupación se aseveraba que las torres aún marcaban los preceptos dictaminados en 1988. De ahí la decisión del citado vecino de acudir al juzgado.
La empresa ha señalado en numerosas ocasiones que cuenta con todos los beneplácitos municipales, además de un permiso otorgado por la Generalitat en 2005 y refrendado tres años más tarde por una sentencia del TSJ. Pero ahora se abre un capítulo nuevo: ya no se trata de discutir el derecho de la mercantil a construir las torres, sino de establecer si lo que ha construido se ajusta a lo que le autorizaron. O si se ha excedido.
Por cierto que, quizás como la tortuosa historia de Punta Llisera afecta por igual a todos los colores políticos, las tres fuerzas políticas con representación municipal aún no se han pronunciado sobre esta cuestión desde que el martes se hiciera pública la denuncia de Ramírez. El gobierno local del PSOE arguye que aún no la ha recibido. PP y CDL guardan silencio, lo mismo que la empresa.
El segundo frente abierto a escasos metros del mar
La otra gran polémica que ha rodeado la existencia de Punta Llisera a lo largo de las décadas es la posibilidad de que las torres invadieran espacio marítimo protegido. Hasta el momento, la empresa ha argumentado con éxito que la Ley de Costas que delimitaba ese espacio de protección se aprobó en 1988, poco tiempo después de que en junio de ese mismo año se otorgara la licencia a las torres; y que los numerosos intentos del Gobierno Central para que la justicia revocara la licencia han sido en vano. No obstante, en el citado informe municipal de 1996 redactado por Andrés Laporta se advertía de que la aprobación del estudio de detalle que tuvo lugar ese año no legitimaba a los propietarios a construir en contra de las previsiones de Costas. Una década después, el propio Gobierno recurrió el proyecto por vulnerar la ley del litoral ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto.
