Denuncian al alcalde por dar licencia de ocupación a las torres de Punta Llisera

El denunciante cree que el primer edil podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación y falsedad en documento oficial

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REDACCIÓN El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, podría tenerse que enfrentar a una nueva denuncia por presunta prevaricación, en este caso relacionada con el urbanismo, después de que un ciudadano le haya denunciado por otorgar licencia de ocupación a las torres de Punta Llisera. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el primer edil ha sido acusado por el querellante por un presunto delito de prevaricación más otro de falsedad en documento público, y junto a Navarro se sumarían en calidad de denunciados otros tres técnicos del Ayuntamiento de Benidorm. Fuentes del gobierno local afirmaron ayer que todavía no han tenido conocimiento de la presentación de dicha querella contra el primer edil, que según los datos a los que ha tenido acceso este diario, fue presentada a primeros de este mes ante el juzgado de guardia.
Las torres de Punta Llisera, comercializadas bajo el nombre Gemelos 28, han estado rodeadas de polémica desde el inicio de su construcción. El Ministerio de Medio Ambiente emprendió hace más de cuatro años una ingente cruzada contra las mismas, debido a su proximidad al mar, y días antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2007 anunció que había iniciado los trámites encaminados a la expropiación, de la que desistió dos años después aludiendo al "interés general". Entonces, el coste de la expropiación se calculó por parte de la promotora, Edificaciones Calpe, en más de 60 millones.
La denuncia presentada a primeros de este mes recoge que el alcalde y otros técnicos tenían conocimiento por varios escritos y por un recurso de reposición que dichas torres padecían algunas anomalías, entre ellas un exceso de edificabilidad del 30%, haber construido una planta mas de garajes o no respetar la primitiva licencia, según confirmaron fuentes conocedoras del caso. Pese a ello, el denunciante alega que el alcalde otorgó licencia de ocupación y que firmó el permiso dos días después de ser proclamado.
El alcalde está imputado por otro presunto delito de prevaricación, junto a José Bañuls, por el "caso Park Control".

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