Conflicto territorial a la vista. Y de los gruesos. Ciudadanos Independientes de Altea (Cipal), el partido que lidera la edil de Urbanismo de ese municipio, Carolina Punset, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso contra el ambicioso macroplan urbanístico aprobado por Callosa d´En Sarrià y que prevé la construcción de 2.178 viviendas, un complejo de golf y un hotel. Cipal considera que el proyecto, el plan parcial Anibits-Margequivir, afectará gravemente a Altea porque pretende urbanizar dos millones de m2 de una superficie virgen en la sierra de Bèrnia que linda con el municipio alteano, provocando así un grave impacto no sólo visual sino también medioambiental para este último municipio: de hecho se trata de un entorno protegido por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y situado a poca distancia de otra área de especial protección, la zona húmeda del río Algar.

De ahí que Cipal tilde el plan de "brutal agresión ecológica" ya no sólo para los dos municipios afectados, sino para el resto de la Marina Baixa. "Resultaría paradójico que mientras todos los partidos de Altea han abandonado la idea de construir una macro urbanización en torno al río Algar, ahora toleren que nos construyan de manera salvaje otra semejante a pocos metros visible únicamente desde nuestro municipio, no desde el pueblo de Callosa", precisó Punset.

Además, "el macroproyecto tiene la intención de verter sus aguas negras residuales de más de 5.000 hipotéticos residentes a la depuradora de Altea", cuyas aguas ya depuradas también servirán para regar los 100.000 m2 del campo de golf. Y esta previsión, según Punset, se realiza pese a que la citada depuradora se encuentra "colapsada" y "es incapaz de dar servicio a la totalidad de nuestro municipio, donde encima hay zonas que todavía no se encuentran conectadas". Por fin, Cipal también tilda el proyecto aprobado por Callosa de "negocio ruinoso y suicida" cuando el mercado inmobiliario "está hundido".

La cuestión tiene además un peculiar trasfondo político. En la actualidad, Cipal gobierna Altea en coalición con el PP, la misma fuerza política que rige Callosa donde, eso sí, el proyecto contó en su día con el apoyo no sólo de los populares, sino del Bloc y del PSOE. Pero de cualquier modo, y para evitar conflictos internos con el alcalde alteano, el popular Miguel Ortiz, al que se supone incómodo por la cuestión, Punset ha decidido presentar ese recurso a través de su partido y no del propio Ayuntamiento cuya delegación de Urbanismo gestiona. "Así lo decidimos el alcalde y yo cuando abordamos nuestro plan de trabajo", señaló Punset. Este diario intentó sin éxito pulsar la opinión del propio Ortiz al respecto.

Eso sí, ya en su calidad de concejala de Urbanismo, Punset anunció que decidió recabar del Ayuntamiento de Callosa la información del proyecto, que precisamente llegó a Altea el pasado miércoles. Una vez que el macroplan sea estudiado por los técnicos municipales alteanos, este Consistorio podrá ya decidir como tal. Punset recordó que en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE, ya intentó sin éxito a través de una moción que el Ayuntamiento de Altea realizara la misma medida. Ahora, puede ser tarde: para parar la actuación de Callosa sólo cabe acudir a los tribunales, toda vez que el mismo ya cuenta con el beneplácito de la Generalitat y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a pesar de la enconada oposición de los ecologistas, que también han presentado un recurso ante el TJS.