Un plan de despidos, pero sin utilizar la palabra "despido". El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, anunció que su gobierno prepara un "plan de ajustes" en materia de Personal para reducir el volumen de la plantilla del Ayuntamiento y, lo que es más importante, poder hacer frente al déficit presupuestario que arrastra desde 2010 en esta partida. El primer edil apenas se atrevió a avanzar el número de trabajadores que se verán afectados por el recorte -alegando que todavía tienen que reunirse con sindicatos y oposición para consensuar la cifra-, pero sí adelantó un dato ya de por sí relevante: los despidos se aplicarán desde finales de este mismo mes, cuando vence el contrato de 21 trabajadores temporales distribuidos en distintos departamentos y a los que, casi con toda seguridad, no se les va a renovar.
El Ayuntamiento de Benidorm cuenta en la actualidad con 1.060 empleados, según la cifra aportada ayer por fuentes del gobierno local. De estos, algo más de 700 tienen plaza de funcionario, mientras que el resto está compuesto por personal laboral -fijo o eventual- más contratados externos por obra o servicios. De todos ellos, los dos últimos grupos asumirán prácticamente el grueso de los ajustes previstos por el gobierno local: por un lado, porque los planes pasan por no renovar casi ninguno de los contratos temporales que finalicen en lo que resta de año -de aprobarse definitivamente la medida, afectaría a unos 50 trabajadores, según fuentes municipales-. Por otro, porque otro de los objetivos es "hacer una revisión a la baja de las contrataciones externas para reducirlas al mínimo", explicó el alcalde.
Aunque los funcionarios con plaza fija también tendrán que asumir algunos cambios. "Las medidas afectan a todos los colectivos laborales de este Ayuntamiento, pero de distinta manera", indicó ayer Agustín Navarro, si bien a continuación matizó, indicando que en el colectivo de funcionarios no se realizarán recortes, pero sí "una reestructuración de los departamentos para optimizar recursos con menos plantilla".
El alcalde anunció que ya se ha convocado para el próximo martes una reunión con los dos partidos de la oposición y los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, con el fin de exponer el plan que está preparando el ejecutivo local y, a partir de ahí, consensuar con las otras dos partes las decisiones a adoptar. "Nuestra intención no es despedir a nadie sino no renovar contratos", recalcó Navarro, quien a continuación puntualizó que la no renovación de contratos se hará "siguiendo unos criterios de necesidad, ya que no se puede prescindir de trabajadores cuya ausencia obligue a cerrar una dependencia municipal o a dejar de prestar algún servicio". Y, por último, subrayó también que las medidas que se adopten durante las negociaciones a tres bandas serán "de carácter coyuntural, por lo que no tendrían que mantenerse en un futuro a medio o largo plazo".
Más de 4 millones de desfase
La aplicación de este plan de ajuste, además de para adaptar la plantilla municipal a las necesidades reales del Consistorio, tiene como prioridad poder hacer frente al desfase presupuestario que el Ayuntamiento arrastra desde 2010 en materia de Personal y que a finales de este ejercicio podría superar los cuatro millones de euros. De hecho, a principios de este año, el Consistorio ya pagó las nóminas del último mes de 2010 -cerca de dos millones de euros- con cargo al presupuesto de 2011, porque había agotado los fondos previstos. Y, meses después, se conoció un informe del interventor municipal en el que alertaba de que, de seguir al mismo ritmo, a finales de 2011 se duplicaría el desfase de esta partida.
Tras recibir la convocatoria de la reunión a tres bandas del próximo martes, desde el PP local se congratularon afirmando que este grupo ha "pedido en multitud de ocasiones que se nos informe sobre este tema". No obstante, lamentaron que la decisión de recortar en contratos temporales y externos se tome "con dos años de retraso, después de haber despilfarrado dinero con contrataciones de todo tipo". Como ejemplo, indicaron que desde la moción de censura de septiembre de 2009 a la actualidad, "el número de contratos externos ha crecido de siete a 43".
