Definitivamente, habrá huelga. Las trabajadoras sociales de Benidorm dejarán de prestar a partir del lunes y durante 12 días sus servicios de ayuda domiciliaria y formación a discapacitados después de fracasar las negociaciones mantenidas con la empresa concesionaria del Ayuntamiento. Ambas partes se encontraron ayer en el Tribunal de Arbitraje Laboral, última estación para evitar el conflicto. Pero no fue posible. Según Comisiones Obreras, porque ASER, la mercantil que tiene adjudicado el servicio municipal, sigue sin comprometerse a pagar las nóminas de septiembre y octubre que adeuda a las 50 personas de su plantilla en Benidorm. El sindicato calificó esta actitud de "intransigente".

En ese acto de conciliación, la empresa alegó por su parte que el Ayuntamiento le debe más de 335.000 euros. Y que así es imposible pagar. ASER ve tan mal la cosa, que ayer informó de que ha renunciado a continuar gestionando los servicios sociales que prestaba en el Ayuntamiento.

Esta situación acarrea pues dos consecuencias dramáticas: por un lado, el Ayuntamiento de Benidorm tendrá desde el lunes sin atender a las 250 familias que reciben la ayuda domiciliaria, así como a los 20 usuarios de los talleres de inserción laboral, TAPIS. Eso sí, se están negociando unos servicios mínimos para que al menos las personas que son "grandes dependientes" y que no cuenten con apoyo familiar sean atendidas. Pero es que además, el conflicto prolongará la "situación agónica" que según CC OO sufren las propias asistentes sociales, que llevan 2 meses sin ver un euro y que tampoco habían podido ahorrar mucho cuando sí cobraban, ya que de media perciben unos 600 euros mensuales. Por eso, no van a parar de luchar y pretenden realizar manifestaciones los doce días de huelga desde la sede de la empresa hasta las puertas del Ayuntamiento.

El secretario de Comunicación de CC OO, Salvador Roig, criticó ayer la actitud del Ayuntamiento, que "no ha llamado para interesarse por la situación ni ha realizado ninguna gestión para evitar la huelga". El gobierno local, por su parte, cree que no puede hacer nada, ya que sobre ASER, una empresa con implantación nacional, ha recaído una orden de embargo de la Seguridad Social de más de 8 millones de euros, por lo que todo el dinero que pague a la mercantil no podrá destinarse a las nóminas de los trabajadores sino a la tesorería de ese organismo estatal. Hay otro problema: el actual servicio se encuentra prorrogado, toda vez que el concurso para adjudicar la asistencia social a una nueva empresa fue ganado por una filial de ASER antes de que se conocieran las dificultades por las que atraviesa la mercantil. Y como ahora se conocen, se quiere dejar vacío ese concurso y convocar uno nuevo.

Ahora bien, Comisiones cree que se está tardando mucho tiempo en resolver esa situación debido a que, según Roig, el nuevo concurso fue publicado en el pasado mes de abril. Por eso, el sindicato exige al Consistorio que "abandone su actitud pasiva y adjudique de inmediato el servicio a una nueva empresa a la que los trabajadores que ahora no cobran puedan subrogarse".