La investigación de la Guardia Civil sobre las causas de la riada que el pasado viernes se cobró la vida de dos turistas británicos y arrasó el mercadillo de la Cala de Finestrat, apuntan al exceso de urbanización de la zona como uno de los agravantes o causas de la virulencia con que el agua se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. Así lo informó ayer el subdelegado del Gobierno en Alicante, José Pérez Grau, quien explicó que "en la actualidad hay muchísima zona asfaltada y urbanizada que antes no lo estaba, en el propio barranco y en las zonas limítrofes".
Desde la Subdelegación y la Confederación Hidrográfica del Júcar apuntaron ayer además a la "ilegalidad" del mercado ambulante instalado en el barranco: "es evidente que el mercadillo no podía estar ahí", en palabras de Pérez Grau; "está claro que el mercadillo no tenía ninguna legalidad porque al Ayuntamiento se le dijo expresamente que se abstuviera de ocupar el cauce", señalaron desde la CHJ, que sancionó en 2010 al Consistorio por asfaltar y ocupar un barranco de dominio público hidráulico.
Con este panorama, el Ayuntamiento de Finestrat trata de desviar responsabilidades a otras administraciones e instituciones para compartir las posibles cargas económicas, administrativas o penales que puedan derivarse de lo ocurrido. Ayer, el alcalde de la localidad, Honorato Algado, aseguró a los medios de comunicación que la CHJ no había confirmado todavía al Ayuntamiento si podía o no instalarse ahí el mercadillo y afirmó que el Consistorio pidió al organismo oficialmente que le contestase por escrito respecto a esta cuestión.
Desde la Confederación, ayer negaron rotundamente estos hechos y aseguraron que se prohibió "expresamente" la instalación del mercadillo. El Ayuntamiento de Finestrat hizo "caso omiso" a las exigencias de la CHJ de desocupar el cauce del barranco a pesar de que la infracción por haber asfaltado y ocupado un cauce de dominio público hidráulico sin permiso estaba calificada como "grave", según informó el organismo de cuenca.
Fuentes de la entidad aseguraron que "la abstención de ocupar el barranco debió aplicarse inmediatamente" y señalaron que, aunque la sanción impuesta y confirmada por el Ministerio de Medio Ambiente, fue recurrida por el Consistorio, "no por tener derecho a recurrir tienes derecho a mantener el mercadillo, cuando no hay ni siquiera una solicitud".
Desde la CHJ explicaron además que la multa inicial era de 150.000 euros porque se consideró que la pavimentación del barranco sin autorización alguna era "muy grave", no obstante, la entidad rebajó posteriormente la multa hasta establecerla en 83.163,28 euros.
Los resultados de la investigación ya han sido remitidos al Juzgado de Benidorm, que instruye el caso y que con toda probabilidad encargará una investigación a la CHJ para dirimir si ha habido alguna responsabilidad. La investigación, eso sí, coincide en parte con una de las argumentaciones aportadas ayer por el alcalde: que la presión urbanística en la Cala ha sido muy fuerte y lo que antes era todo un barranco por donde las aguas discurrían libres hasta el mar, se ha ido convirtiendo en un cauce ceñido, donde convergen todas las aguas de Finestrat, La Vila y Benidorm. Eso explicaría que "aunque caigan 7,2 litros en una zona o 40 en otra, se pueda generar una riada, ya que en 100 metros cuadrados se recoge todo lo que ha caído en más de mil", detalló el subdelegado del Gobierno.
