Benidorm abre ahora un concurso de ideas para el mirador que hará la promotora de Punta Llisera

El permiso de obra de las torres exigía que la mercantil ejecutara la instalación turística antes de obtener la licencia de ocupación que ya le ha concedido el alcalde

 21:48  
Arriba, la zona donde irá el mirador en Punta Llisera. Abajo, el que ya existe en el Castillo.
Arriba, la zona donde irá el mirador en Punta Llisera. Abajo, el que ya existe en el Castillo.  david revenga
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arturo ruiz Benidorm se apresta a abrir un nuevo debate sobre la controvertida zona de Punta Llisera. El alcalde, el socialista Agustín Navarro, propondrá en el pleno que se celebrará hoy la convocatoria de un concurso de ideas para seleccionar el proyecto arquitectónico del mirador que debe alzarse en esa zona, de gran relevancia paisajística: no en balde, se encuentra al final de la franja marítima del Levante, junto al Rincón de Loix y el parque natural de Sierra Helada. De esta forma, el futuro mirador debe servir como un polo de atracción turística de rango semejante al que ya existe en el Castillo.
La instalación ha de ser financiada por la promotora vinculada a Andrés Ballester, que cedió la parcela donde debe ubicarse, de 7.755 m2, a cambio de poder construir en otra anexa, de 2.844, las dos torres de 22 alturas "Gemelos 28" que ya están acabadas. Y ahí es donde reside la polémica: según la licencia de obras obtenida para edificar los inmuebles, y que data de 1988, la promotora debía haber realizado el mirador antes de obtener la licencia de ocupación. No después. Y lo hará después: esa licencia de ocupación fue firmada por el alcalde el pasado 9 de junio, horas antes de que se formase la nueva corporación que sigue presidiendo Navarro.
El gobierno local cree no obstante que ha hecho las cosas bien. Cuenta con un informe jurídico de los técnicos municipales que señala que según el "principio de proporcionalidad" basta con que la mercantil haya ratificado su intención de ejecutar el mirador. Y la promotora lo ha hecho, al haber presentado un aval para esa dotación turística de un millón de euros. Tanto el aval como el informe existían antes del 9 de junio, fecha en la que se firmó la licencia en el despacho de Alcaldía.
No obstante, el asunto no es tan sencillo. Otros dictámenes precedentes sí subrayaban la obligación de la empresa de haber concluido el mirador antes de obtener la licencia de ocupación. El 2 de enero de 2006, un informe emitido también desde la propia Alcaldía, entonces en manos del PP, establecía que el Ayuntamiento no concedería la licencia de ocupación de las torres hasta que no estuvieran cumplidos todos los requisitos que constaban en el permiso de obra de 1988 y entre los que se incluía el mirador. Y, aún más lejos en el tiempo, un escrito del empresario Agnelli Cafarelli, quien fue el titular de los derechos urbanísticos antes que la promotora de Ballester, admitía que para obtener la licencia de ocupación debía acabar primero el mirador.
Tanto el informe de 1989 como el de 2006 han sido incorporados a la denuncia que un vecino de la zona, Emilio Ramírez, ha interpuesto contra el alcalde por presunta prevaricación después de haber concedido la licencia. No obstante, según especificó Ramírez, la denuncia no se refiere a la cuestión del mirador, toda vez que los dos informes citados no eran conocidos por el munícipe cuando otorgó el permiso, sino sobre el exceso de volumetría de las dos torres que en cambio, según el residente, Navarro sí habría conocido.

El contenido del concurso
La moción del alcalde que hoy debatirá el pleno asegura que el concurso de ideas, que también será sufragado por la mercantil Terras de l´Horta, filial de Ballester, deberá contar además con un proceso de consenso y participación ciudadana. Al respecto, el concejal de Urbanismo, el socialista Juan Ángel Ferrer, señaló ayer que esta iniciativa se podría realizar en dos fases: en la primera, serán los técnicos municipales los que seleccionarán las propuestas de mayor calidad de entre todas aquellas que presenten arquitectos y expertos; y, ya en la segunda, le corresponderá a la ciudadanía designar el proyecto definitivo, cuya solución arquitectónica, según la moción, deberá respetar y potenciar los valores medioambientales de Punta Llisera.
La licencia de obras de 1988 contemplaba que el mirador fuera "análogo" al del Castillo, con el fin de que todas estas estructuras arquitectónicas asomadas al Mediterráneo tuvieran una misma identidad estética. No obstante, Ferrer matizó que se trata de una cuestión abierta que también habrá de valorarse según criterios técnicos.
En un principio, fue la propia empresa, como era su obligación, la que presentó al Ayuntamiento un proyecto concreto, que fue elevado por el concejal de Urbanismo a la junta de portavoces, organismo en el que se encuentran los tres partidos políticos con representación. No obstante, tras un debate en la junta se acordó aparcar ese proyecto y convocar el concurso de ideas, alternativa en la que insistió la oposición. La moción fue presentada en un primer lugar por el propio Ferrer y por el concejal de Playas y Medio Ambiente, José Marcet. Sin embargo, al tratarse de una cuestión tratada en la Junta de Portavoces, la propuesta ha sido presentada al pleno por el alcalde y, según todas las previsiones, será aprobada.

Razones para el compromiso de una mercantil
¿Por qué la promotora de las torres de Punta Llisera ha de ejecutar y pagar en la zona un mirador? Porque ése fue el compromiso alcanzado no por la actual empresa, sino por el anterior titular de los derechos urbanísticos, a cambio de poder construir en la zona. Es otra de las peculiaridades del proyecto: aquel titular, el empresario italiano Agnelli Cafarelli disponía de dos parcelas; pero pactó con el Ayuntamiento a finales de los años 80 edificar en una sola -la más pequeña, de 2.844m2- a cambio de ceder al uso público la más grande, de 7.755 m2. Eso sí, en el terreno en el que sí podía echar el ladrillo obtuvo el aprovechamiento urbanístico equivalente a la suma de metros cuadrados de las dos parcelas, más de diez mil.
Durante años, el proyecto estuvo salpicado de controversias judiciales y políticas, debido a su cercanía con el parque de Sierra Helada y con el mar. Hasta el Ministerio de Medio Ambiente intentó una expropiación fallida. El último capítulo se ha abierto ahora con la denuncia contra el alcalde por presunta prevaricación. Al respecto, Navarro arguyó hace unos días que no conocía el contenido de la denuncia, pero se mostró tranquilo: "Punta Llisera no es algo nuevo, lleva construyéndose muchos años", advirtió.

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