Nada es nuevo bajo el sol en Benidorm. Por lo menos, en lo que se refiere a los aspectos más sombríos de la gestión pública. El informe anual de fiscalización de 2010 redactado el pasado día 20 por el interventor municipal, que ya es de por sí demoledor con la política económica del actual gobierno del socialista Agustín Navarro y alerta de una "mala situación económica municipal de muy difícil solución", advierte de que esas malas prácticas contables se han ido reiterando desde 2006, cuando aún gobernaba el PP, que lo hizo hasta septiembre de 2009. Y de que por lo tanto, la bola de nieve de las dificultades financieras en el Consistorio se ha ido engrosando durante todo este tiempo.

Si el lunes fueron los dos partidos de la oposición, PP y CDL, los que desvelaron las irregularidades del ejecutivo del PSOE, que según el interventor podían incluso acarrear "responsabilidades patrimoniales o penales", ayer fue la concejala de Hacienda, la socialista Natalia Guijarro, la que se apresuró a revelar aquellas anomalías cometidas durante los años de gestión popular. De cualquier forma, ya sea para enjuiciar un periodo político u otro, en sus conclusiones el interventor coincide en afirmar que los males del Ayuntamiento fueron (o están siendo) los mismos: la ejecución de gastos sin consignación presupuestaria (gastar más de lo que se tiene o de lo que se tiene previsto tener) y los obstáculos a la hora de permitir a la propia área de Intervención fiscalizar las cuentas municipales y en especial los contratos externos.

Así, según desveló Guijarro, el funcionario afirma en su informe que la implantación del plan de saneamiento que tuvo lugar en 2009, bajo la batuta del PP, ya advertía de que el objetivo era "corregir las malas prácticas" que se estaban produciendo en todos los departamentos municipales con fecha anterior al 6 de noviembre. Y esas "malas prácticas" provocaban, según añade el técnico, "posturas antagónicas impensables en una administración pública" que afectaron especialmente a los ejercicios de 2007 y 2008.

Pero los problemas ya venían de antes. Lo de realizar pagos sin crédito presupuestario era, en el área de Personal, una rutina habitual. En el ejercicio de 2006 se convocaron de esta manera las plazas de promoción interna; al año siguiente se actuó de esa manera en la modificación de la relación de los puestos de trabajo y en el abono de servicios extraordinarios; y un ejercicio después, en 2008 se asignaron, también de la misma manera, los complementos de productividad de los funcionarios a la vez que el interventor exhortaba a una fiscalización en ese momento inexistente sobre el pago de las nóminas a los trabajadores.

Ante este panorama, el interventor subrayaba ya en 2009 la necesidad de solucionar anomalías del ejercicio anterior, alertaba de nuevo del abono de servicios extraordinarios sin fiscalización y solicitaba un cálculo real de la cuantía de las nóminas. A finales de aquel año se produjeron reconocimientos de trienios de funcionarios que no se remitieron al área de fiscalización.

Los problemas no se registraron sólo en el área de Recursos Humanos. También en la de Contratación: el interventor censura el fraccionamiento que se realizaba de algunos contratos, práctica que no se ajustaba a los procedimientos de licitación que debe seguir una administración. Así sucedió entre 2006 y 2008. Hasta septiembre de ese último año, expedientes de contratos menores simplemente se resolvían con la presentación de la factura, sin ningún otro tipo de supervisión.

El informe recoge incluso una historia bien curiosa: el 6 de marzo de 2009, el interventor echó a faltar los contratos de las tareas de limpieza en edificios públicos llevadas a cabo por una concesionaria, por lo que solicitó los mismos al área correspondiente; ante la falta de respuesta, en junio contactó con la empresa, que le comunicó que había instalaciones cuya limpieza estaba incluida en el contrato y otras cuyo servicio se facturabaÉ a pesar de que no lo estaban. Guijarro también subrayó que según el informe del interventor, en 2010, ya bajo gobierno del PSOE, se ha mejorado la inspección de los contratos de gasto menor: en este sentido, se han fiscalizado más de 5.000 expedientes, frente a los 22 presentados por el PP en 2007 o los 28 de 2008. Y ya sin el informe del técnico delante, la edil de Hacienda recordó que la deuda que el Ayuntamiento mantiene con los bancos, y que asciende a 85 millones de euros, fue contraída exclusivamente también bajo tutela popular.