La edil de Movilidad, Mari Carmen Martínez, alzó ayer la voz contra la concesionaria de la zona azul, Park Control 2000, y, como ya hiciera el anterior concejal del área, el exconcejal José Bañuls, acusó a esta mercantil de "incumplir" las obligaciones que tiene establecidas por contrato. A través de un comunicado y aludiendo a "fuentes de la Concejalía de Movilidad", cargó contra Park Control afirmando no entender "como la empresa que, ni paga al Ayuntamiento el canon anual obligatorio en inversiones, y debe a la Administración tributaria más de un millón y medio de euros, además adeuda varias nóminas a sus empleados".

Las afirmaciones de Martínez responden a la denuncia lanzada por los representantes sindicales de estos trabajadores, que, como ya avanzó ayer este diario, manifestaron que la concesionaria no ha abonado a la plantilla dos mensualidades y acusaron al Ayuntamiento de ser el culpable de la situación por restringir el servicio de la grúa por "intereses políticos".

El comunicado emitido ayer por la Concejalía de Movilidad manifestaba: "Un aspecto importante a señalar es que esta concesión, a diferencia de otras, cobra directamente por los servicios que presta, por lo que se desconoce el destino de ese dinero. Lo que no es de recibo es que se insinúe que la Policía debe retirar más vehículos, cuando la disciplina vial ha mejorado sensiblemente". El escrito trasladaba "todo el apoyo" municipal a los trabajadores, pero incidía en que "el mayor riesgo para sus puestos de trabajo está en la gestión de los responsables de dicha empresa".

Por último, recordó que "desde principios de 2009 no se tiene constancia" de que la empresa esté realizando el mantenimiento de la señalización horizontal y que el hecho de que la resolución del contrato esté en la vía judicial "no faculta a la empresa" a dejar de prestar dichos servicios.