Benidorm

Más problemas para Park Control

Los trabajadores advierten de que se les adeudan dos mensualidades y culpan al Ayuntamiento por las restricciones en el servicio de grúa

 09:28  
Un vehículo de la consesionaria retira una motocicleta en el centro de Benidorm.
Un vehículo de la consesionaria retira una motocicleta en el centro de Benidorm.  david revenga

redacción Las dificultades de la empresa concesionaria de la Zona Azul y de la grúa de Benidorm han adquirido un sesgo laboral. Los representantes sindicales de la mercantil, Park Control, han advertido de que llevan ya dos mensualidades sin cobrar, las que corresponden a las pagas extraordinarias de marzo y del verano. Y acusan de esta situación a las restricciones en el servicio de la grúa que habría impuesto el propio Ayuntamiento, al retirar a parte de los efectivos de la Policía Local que antes regulaban la recogida de vehículos en la vía pública.
La cuestión tiene dos vertientes: por un lado, se enmarca en los problemas que está teniendo el Consistorio para cumplir los pagos a las concesionarias, como ya sucediera en la del servicio de jardinería La Generala, debido a los números rojos que arrastran las arcas municipales. Y, por otro, posee también un alto componente político, debido a las malas relaciones entre la empresa y el gobierno del socialista Agustín Navarro, que ha emprendido una larga lucha para intentar restringir el contrato con la mercantil. No obstante, ayer, fuentes sindicales abogaron por desvincular ambas cuestiones. "Más allá de los asuntos judiciales que separan al Ayuntamiento de la concesionaria, debemos tener en cuenta que se está jugando con el pan de las 38 familias que dependen de la empresa".
A principios del pasado mes de julio, el delegado de Personal de la central sindical SEP, Jesús Manuel Hidalgo, envió una carta al alcalde en la que ya le advertía de serias dificultades para poder cobrar la paga extraordinaria de marzo e incluso la nómina ordinaria de ese mes. Y aseguraba que la propia empresa achacaba esta situación a la falta de ingresos por parte del Ayuntamiento como consecuencia de las restricciones del servicio de grúa, vital para la supervivencia de la concesión. Hidalgo aludía a que "esa medida de presión contra la empresa redunda en perjuicio de los trabajadores". Y se hacía eco de una reunión que Navarro mantuvo dos días antes de las elecciones en el recinto de las grúas y en la que se comprometió a restaurar ese servicio de recogida de vehículos. En julio, sin embargo, esa situación todavía no se había resuelto.
El SEP añadía "que no es de recibo que por intereses políticos se esté perjudicando a unos trabajadores a los que se les ha venido prometiendo una solución desde hace meses".
Fuentes de la empresa matizaron ayer que el servicio de las grúas sí se normalizó durante parte del verano, pero que éste vuelve ahora a adolecer de deficiencias y los trabajadores tampoco han percibido la paga extraordinaria del periodo estival.
Los representantes sindicales pretenden que esta situación se resuelva independientemente del resultado final del litigio judicial con el Ayuntamiento y "que no se adopten más medidas de presión como la del servicio de la grúa, puesto que lo que se consigue es perjudicar aún más a los trabajadores". El SEP agregaba que "de no cesar esas medidas, la empresa no tendrá más remedio que reducir la plantilla".
Por desgracia para los trabajadores, ese pulso en los tribunales de Benidorm promete ser largo. Una juez ha citado al alcalde y al ex concejal de Movilidad, José Bañuls, como imputados por un presunto delito de prevaricación después de su decisión de iniciar el expediente para rescindir el contrato con la empresa. La juez tomó esta decisión en el marco de las diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por los portavoces del grupo municipal del PP en la que éstos sostienen que la actuación de Navarro y Bañuls podría ser constitutiva de delito. La declaración de los dos responsables políticos tendrá lugar el próximo 17 de octubre. Bañuls justificó su decisión de rescindir el contrato con Park Control tras asegurar que la mercantil había cometido "36 infracciones muy graves".

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