La investigación judicial del asesinato a tiros del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, en octubre de 2007 ha dado un giro espectacular, no del todo inesperado, al acordar la juez de Villajoyosa que instruye el caso el sobreseimiento provisional de la causa contra los tres presuntos autores materiales del crimen, el español Raúl Montero y los ciudadanos checos Robert Franek y Radim Rakowski. En un auto notificado ayer a las partes y que puede ser recurrido, la juez María Antonia Raedo considera que no han aparecido nuevos datos que corroboren la declaración del testigo protegido que implicó a los tres presuntos sicarios y al mismo tiempo deja claro que la causa seguirá tramitándose para los otros cuatro imputados como autores intelectuales del crimen, entre ellos el exalcalde Juan Cano. Los dos ciudadanos checos, que han estado defendidos en esta causa por las abogadas Mariana Ivanov y Cecilia Arroyo, han mantenido desde el principio que eran inocentes pese a que el testigo protegido dijo que creía que "el trabajo lo hicieron Radim, Robert y Raúl", pero sin poder asegurarlo porque no lo vio.
El auto de la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa se refiere a las dos declaraciones prestadas por el testigo protegido que aseguró que el asesinato de Ponsoda se planeó en el club Mesalina. La juez señala que aunque manifestó que podrían haber sido los autores materiales Montero, Franek y Rakowski, "lo cierto es que esa manifestación no ha venido corroborada por más indicios para sostenerla, más allá de que en su día el testigo protegido proporcionara sus nombres" a los otros cuatro imputados como inductores para que los ahora exculpados "se hicieran cargo de materializar el asesinato".
Según la juez, la única base que existe para que los nombres de Montero, Franek y Rakowski fueran tenidos en cuenta en la investigación fue "la de que eran personas con un amplio historial delictivo, que tenían relación con los encargados del club Mesalina y que el testigo protegido consideraba idóneas para llevar a cabo el asesinato". Sin embargo, la magistrada señala que la valoración de los antecedentes "no puede considerarse indicio por sí mismo considerado, puesto que supondría la imputación sobre la base de un 'derecho penal de autor', hoy desaparecido de nuestro sistema punitivo".
Aunque la juez acuerda que los tres presuntos autores materiales deben ser apartados del procedimiento en su condición de imputados, precisa que el archivo no excluye que sean llamados a declarar en el juicio como testigos, ya que de la investigación se desprende que "pudieran conocer datos" sobre el asesinato. "No se puede negar que tenían conocimiento del asunto", concluye la juez antes de acordar el sobreseimiento provisional porque "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" por parte de los presuntos sicarios.
Frente a la falta de datos para mantener la acusación contra los tres presuntos autores materiales, la juez sí estima que "existen indicios de criminalidad contra las personas que supuestamente propusieron el asesinato del alcalde de Polop y contra los que deberá de continuar la presente causa". Estos imputados son el exalcalde Juan Cano, el empresario Salvador Ros y uno de los dueños y el exencargado del club, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente.
El auto indica que el testigo protegido, según la Guardia Civil, no solo desveló que el asesinato se planeó en el club, sino que asegura que asistió a dichas reuniones y que incluso llegaron a proponerle "la comisión de tan atroz actuación", pero no hubo acuerdo. La juez recuerda que el testigo protegido escuchó una conversación de los presuntos inductores en la que hablaban de problemas para pagar 35.000 euros por la muerte de una persona y que hablaron del alcalde de Polop. La magistrada señala además que Raúl Montero corroboró las declaraciones del testigo protegido y dijo que Ros le insistió "en su intención de 'cargarse al alcalde'".
Rechaza volver a investigar la vida privada de Ponsoda
Además del auto donde se acuerda el archivo de la causa para los tres presuntos autores materiales, la juez de Villajoyosa dictó el pasado 6 de junio otra resolución judicial para desestimar el recurso de reforma presentado por la defensa del empresario Salvador Ros contra la negativa del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa a realizar nuevas diligencias de investigación relacionada con la vida privada de Ponsoda y la posibilidad de que el móvil del asesinato no fuera el urbanístico. La juez señala en el auto que dicha línea de investigación ya fue realidad por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se descartó "cualquier vinculación con el asesinato del alcalde de Polop". Asimismo, precisa la juez en el auto que "esta instructora considera de importancia manifiesta que en la actual línea de investigación existen indicios suficientes para continuar la misma, puesto que en caso contrario evidentemente dicha línea habría sido abandonada". Tras el auto de archivo para los que han estado imputados como presuntos autores materiales, cabe la posibilidad de que las defensas del resto de acusados también reclamen el sobreseimiento de la causa. No obstante, no parece tras el auto de ayer que la juez desista de continuar la instrucción contra los imputados como autores intelectuales. P. C.
