La Fiscalía de Benidorm ha comenzado a hacer preguntas. Y pueden ser incómodas. Están ya por escrito en una comunicación que la fiscal le ha enviado al interventor del Ayuntamiento, al que le pide que inicie una suerte de investigación interna en las dependencias municipales para saber las razones por las que la empresa del constructor alicantino Enrique Ortiz, que gestiona la estación de autobuses de Benidorm, no habría pagado presuntamente el canon de la terminal desde que ésta entró en funcionamiento en 2007. El caso fue denunciado por el ex edil de Urbanismo, Jaime Llinares, el pasado 26 de enero.

En concreto, la fiscal le pregunta al interventor desde cuándo se tiene conocimiento de la existencia de ese canon, si bien ella misma advierte de que el mismo estaba recogido en el pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión de la terminal, aprobado por el pleno el 29 de septiembre de 2000 bajo el gobierno del PP. Esto es que, los responsables del Consistorio sí tenían que conocer la obligación de la empresa de Ortiz -que obtuvo la adjudicación de las obras en 2002- de satisfacer esa cantidad económica al Ayuntamiento.

A continuación, la fiscal le cuestiona al interventor desde qué fecha se tiene conocimiento de que la mercantil de Ortiz no ha abonado el canon de marras. Y le pide que identifique "el departamento o persona encargada de la ejecución del contrato de gestión de la terminal". Es decir, que quiere establecer una responsabilidad técnica al considerar que en el Ayuntamiento deberá existir algún funcionario que tuviera asignada esta cuestión. Ahora bien, al preguntar por último si esa persona efectuó "comunicaciones sobre el impago al citado departamento o en su caso al responsable de la Corporación", también intenta establecer si algún cargo político -el concejal del departamento o el propio alcalde- tuvo noticias por parte de los técnicos de que no se le estaba cobrando el canon a Ortiz y que aún así no se hizo nada por reclamarlo. Ya en enero, Llinares hizo también esta lectura: y denunció que este caso no es sólo responsabilidad del empresario, "que no pagó ni un céntimo", sino también del gobierno del popular Manuel Pérez Fenoll, "que no se lo reclamó" desde 2007.

El paso que ha dado ahora la fiscal es importante: demuestra que la investigación sigue adelante. Hasta la fecha, sólo había abierto de oficio diligencias previas. Lo hizo de forma un tanto insólita, después de leer las declaraciones a los medios de comunicación que el ex edil de Urbanismo realizó en enero. Llinares, no obstante, se ratificó en su denuncia durante su declaración ante la propia fiscalía el pasado 15 de abril.

El canon que el Consistorio no ha cobrado debía corresponder al 1% de todas las actividades comerciales que genera la estación, que además de la terminal cuenta con un área comercial de 11.000 m2 integrada por un hotel, una superficie de alimentación y varios establecimientos comerciales, de los que sólo están abiertos en la actualidad una tercera parte. Hace pocos días, Pérez Fenoll declinó cualquier responsabilidad de su gestión al señalar que "el cobro de cánones, facturas o tasas es una responsabilidad de los técnicos".