La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha imputado al alcalde de la ciudad, Agustín Navarro, y al ex edil de Movilidad José Bañuls un presunto "delito continuado de prevaricación" en relación a la decisión del Gobierno local de resolver el contrato con la concesionaria de la zona azul y la grúa, ParkControl.
La juez ha tomado esta decisión en el marco de las diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por los portavoces del grupo municipal del PP en la que éstos sostienen que la actuación de Navarro y Bañuls podría ser constitutiva de delito.
Según la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, Navarro y Bañuls deberán declarar "como imputados" ante la juez el próximo 17 de octubre.
Bañuls ha indicado a Efe que en cuanto se les notifique esta provindencia "la valoraremos" y ha señalado que la citación para declarar "es un trámite normal" puesto que "ya han declarado" ante la juez los querellantes y diversos testigos.
El ex edil de Movilidad se ha mostrado "tranquilo" y ha insistido en que espera que la juez "investigue el fondo" de la resolución del contrato con la concesionaria que se aprobó en pleno el 31 de mayo de 2010.
El PP sostiene en su querella que esta decisión se adoptó sin los informes "preceptivos" de las áreas de Intervención y Secretaria, y que los técnicos advirtieron en el pleno a Navarro y Bañuls de esta circunstancia.
La nueva providencia llega semanas después de que la juez emitiera otra solicitando a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que investigue los hechos relacionados con las actuaciones que se siguen sobre este caso.
Además, se ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.
El origen de la denuncia se remonta al 1 de junio del pasado año cuando el Ayuntamiento de Benidorm aprobó en pleno, con los votos del equipo de gobierno, resolver el contrato administrativo con la mercantil "ParkControl 2000 SL" para la gestión de la zona azul y la retirada de vehículos.
La votación se produjo pasada la medianoche en un pleno ordinario después de que el entonces concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, José Bañuls, presentara una moción de urgencia para resolver el contrato.
Tres meses antes, el equipo de gobierno aprobó iniciar el expediente para la resolución del contrato, pues, según Bañuls, se habían detectado "36 infracciones muy graves" en la prestación del servicio.
Aunque un dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que es preceptivo, pero no vinculante, remarcaba que la resolución del contrato "no procedía", el equipo de Gobierno se acogió a los informes elaborados en su día por la Policía Local, los ingenieros y los asesores jurídicos para avalar la decisión de finiquitar el contrato.
Sin embargo, la propuesta definitiva de resolución aprobada ese mes de junio no estuvo acompañada de nuevos informes de Secretaría y de Intervención como, según alertó el PP, era preceptivo.
