La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm finalizó la pasada semana la parcelación de la finca rústica municipal en la que se pondrán en marcha, en unos días, los primeros huertos urbanos de la ciudad. Unos jardines ecológicos cuyos primeros 45 usuarios serán pensionistas y jubilados residentes en la localidad. Junto a ellos, otras seis personas podrán disponer de su pequeña parcela para plantar las hortalizas, flores y plantas aromáticas que deseen (siempre de forma ecológica como marca el programa). Así lo confirmó este fin de semana la ya exedil de Medio Ambiente, Mariola Fluviá, quien añadió que la acogida de esta iniciativa ha dejado fuera a cerca de 50 personas, cuyas inscripciones serán guardadas a fin de tenerlas en cuenta para futuros huertos. "Estos son sólo los primeros, pero la intención es continuar con ellos, sobre todo teniendo en cuenta el interés generado", añadió.

Fluvia indicó que el criterio a la hora de adjudicar las parcelas ha sido, en primer lugar, en función del tiempo libre que éstas podrían dedicar al cuidado de las parcelas. Por ello, el que se hayan concedido primero a jubilados. Las otras seis personas han sido seleccionadas por sorteo.

Ese método aleatorio será también el que se tome para otorgar de forma más específica las 51 parcelas (ya numeradas) con el fin de evitar discusiones, según explicó Fluvia, quien aun así, aseguró que la parcelación efectuada en la finca, de una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, ha hecho que los huertos sea idénticos.

Además, desde hoy el Ayuntamiento comenzará a llamar a los beneficiarios del programa ecológico para indicarles cual es su terrero, hacerles entrega del plano correspondiente, y anunciarles la fecha en la que habrán de recibir un curso para formarse sobre las técnicas de la agricultura ecológica. Éstos durarán entre 2 a 3 días, y serán impartidos por los técnicos municipales. El Ayuntamiento también les hará entrega de un primer lote de material para el trabajo de la tierra, que en ningún caso será reemplazado a coste público si se pierde o deteriora.

El coste total de esta actividad ha sido de 37.000 euros aproximadamente, y su normativa establece que los adjudicatarios podrían perder su derecho de uso a la finca si se lucran de la actividad, o no hacen uso de la mima durante al menos tres meses.