Durante los últimos años, la estación de autobuses de Benidorm le interesó, y mucho, al constructor alicantino Enrique Ortiz, cuya mercantil obtuvo la adjudicación para construir y gestionar la terminal. Según consta en el sumario del caso Brugal, la Policía grabó más de veinte conversaciones mantenidas por Ortiz con miembros del gobierno local liderado por el alcalde del PP Manuel Pérez Fenoll, así como con otros empresarios, sobre diferentes aspectos de la explotación comercial de las instalaciones. Llama poderosamente la atención la que se produjo en octubre de 2009 en una época en la que, tras una moción de censura, Pérez Fenoll había abandonado la vara de mando. En ese diálogo, Ortiz le exige a Fenoll que intente localizar y retirar del expediente de la estación un documento que evitaba que el Ayuntamiento tuviera que pagarle una indemnización al constructor por las obras de la terminal en el caso de que este último pretendiera rescindir el contrato. Era algo que podía suceder por ejemplo si la concesionaria de Ortiz tenía pérdidas: la vida comercial del recinto nunca fue fácil.

No obstante, esa exigencia sirvió de colofón a una serie de frenéticas negociaciones que Ortiz llevaba manteniendo desde hacía casi un año con miembros del gobierno del PP. De hecho, gran parte de las grabaciones se realizaron entre noviembre de 2008 y enero de 2009 y muestran la tenaz insistencia con la que Ortiz solicita a miembros del gabinete presidido por Manuel Pérez Fenoll que se le diera luz verde a la una hipoteca sobre las instalaciones que le permitiría al constructor obtener liquidez. No era un asunto baladí: su cuantía ascendió a 23 millones de euros.

El gobierno de Fenoll acabó bendiciendo la hipoteca. Pero con un matiz avalado por los técnicos municipales: un compromiso firmado por Ortiz el 5 de diciembre de 2008 en el que éste aceptaba que si rescindía el contrato con el Ayuntamiento la indemnización por haber construido la estación debería ser pagada por la nueva adjudicataria siempre y cuando el servicio no volviera a recaer en la empresa del propio constructor, que estaba así obligada a presentarse al nuevo concurso. Lo mismo sucedería además en el caso de que el Tribunal Supremo acabara fallando -en una causa que está aún pendiente- contra el concurso que tuvo lugar en 2006 después de un recurso presentado por un competidor de Ortiz en la adjudicación al que el TSJ, por cierto, ya le dio la razón.

Transcurrido aquel tiempo, Ortiz pareció acordarse de aquel documento. Y el 9 de octubre de 2009 mantuvo la siguiente conversación con Pérez Fenoll, que según parece pasará la historia como la del "famoso papelito" de la estación:

Ortiz: Oye, tú te acuerdas que te firmé un papelito a ti personalmente con la confianza que había de la Estación.

Pérez Fenoll: Lo recuerdo.

O: Lo tendrás tú, imagino, ¿no?

PF: Lo recuerdo.

O: Y ahora mismo no lo sabes.

PF: Lo que no sé es si lo tiene el secretario.

O: Hostia, macho, pues fíjate que putada pues eso en manos de éste me hunde. (É) Intenta hablar con él, por favor.

PF: No, no, el secretario es un hijo de puta.

O: Sí.

PF: Y si no está, yo sí que la tengo, pero no sé si éste cogió una copia.

O: Si es una fotocopia, no tiene mucho valor.

PF: Si es eso, estoy seguro, es una fotocopia.

O: Ya.

PF: Sí, es fotocopia, eso sí.

O: Míralo a ver.

PF: Yo te lo miro. (É) Me has hecho bien en recordarlo porque ni me acordaba de eso. Yo te lo miro.

Durante la instrucción del caso, y dado el tono de ésta y de otras conversaciones, la Policía señaló que entre el empresario y los regidores del Ayuntamiento se estableció una colaboración que "iría más allá de lo que se puede entender como el normal desarrollo entre el Ayuntamiento y un empresario en el marco de sus intereses. No obstante, el PP mantiene que el compromiso de Ortiz sigue constando en el expediente y que con aquella gestión se logró que el Consistorio no tuviera que hacer frente en el futuro a un gasto desmesurado como hubiese sido una supuesta indemnización al constructor si éste pretendía desvincularse de la terminal.

"Cuando tenga la firma le pagaré"

La Policía investigó si un alto funcionario del Ayuntamiento recibió supuestos sobornos por facilitar las operaciones urbanísticas de Enrique Ortiz en Benidorm. Ortiz mantuvo una conversación con un empleado que le decía: "quiere cobrar y yo le he dicho que eso yo no lo llevo (É) llama a Enrique, y por eso te he llamado, tú verás". Ortiz contestaba: "Cuando tenga la firma del conseller lo pagaré". En la modificación del PGOU, ese empleado también le señalaba a Ortiz que para tratar asuntos urbanísticos el funcionario en cuestión era la persona "con más peso específico" de la corporación.