La red de inmigración ilegal desmantelada en Altea el pasado viernes por la Guardia Civil iba a trasladar a diecinueve iraníes a Gran Bretaña cuando fueron detenidos sus miembros. Según fuentes de la investigación, once iraníes, entre los que se encontraban dos menores, estaban escondidos en una pensión ubicada en la calle La Mar de este municipio y los otros ocho se encontraban en un apartamento de la partida La Olla. Los iraníes habían llegado dos días antes procedentes de Grecia y Turquía por vía aérea.
Los dos cabecillas de esta red internacional, que pudo haber introducido en España a unos 1.500 inmigrantes ilegales de origen iraní previo pago de 30.000 euros por persona, vivían con sus familias desde hace dos meses en dos pisos alquilados ubicados en la Plaça de La Pau de Altea, y utilizaban la pensión y el apartamento de La Olla como pisos "patera".
En la operación policial, llamada "Sofía", participaron 120 agentes especializados en la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes y se desarrolló en Barcelona, Alicante y Valencia bajo la dirección y supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz.
El operativo comenzó a las siete de la mañana en punto del pasado viernes en todas las ciudades para evitar que los presuntos delincuentes se avisaran entre ellos. Fuentes de la investigación señalaron que en Altea se detuvieron finalmente a 23 personas de Irán, Rumanía y Palestina y afirmaron que la operación sigue abierta. Por otro lado, los dos hijos menores de uno de los cabecillas fueron trasladados el viernes a la Fiscalía de Menores de Alicante para su custodia.
En Altea los guardias civiles, pertenecientes al Grupo de Riesgos Emergentes de la Jefatura de Información Unidad Central Especial número 2, registraron minuciosamente todos los rincones y techos falsos de los domicilios de los imputados siguiendo la orden judicial que ordenaba también "el registro a dependencias anexas al domicilio, cuartos trasteros, plazas privadas de aparcamiento, naves u otro tipo de local cerrado, así como cualquier vehículo, embarcación o caja fuerte que pudiera hallarse en el interior del domicilio".
La organización criminal está acusada del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A tal efecto, la orden de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico, acordaba "proceder al clonado, volcado y análisis, in situ, del posible material informático que pudiera intervenirse en el registro".
En una nota de prensa emitida por la Guardia Civil tras la detención de los presuntos delincuentes, se informó que en las viviendas de Altea fueron intervenidos "gran cantidad de pasaportes falsos de distintos países de la Unión Europea, un dispositivo para la manipulación y alteración de documentos de viaje, siete equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento electrónico de datos, una gran cantidad de teléfonos móviles, así como un arma corta simulada".
Por otro lado, en la orden judicial de registro se hacía hincapié en "aprehender toda clase de pruebas y efectos del delito tales como documentación relativa a los delitos investigados, documentación personal, pasaportes, documentos relativos a envío de dinero, así como billetes de compañías aéreas, equipos y soportes informáticos, sellos u otros tipos de timbres oficiales utilizados para la confección de pasaportes, cuentas bancarias, teléfonos y tarjetas de telefonía". El auto autorizaba "el empleo de la fuerza en caso necesario para acceder al interior de las viviendas".
