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Benidorm

La juez archiva la denuncia del PP por presunto fraude en el mobiliario urbano

El auto de sobreseimiento concluye que la adquisición de 200 bancos realizada por el gobierno local fue legal

 01:21  

arturo ruiz El gobierno local de Benidorm se ha adjudicado una importante aunque provisional victoria en los juzgados ante el PP. Un auto del juzgado número 3 de la población concluye que la actuación seguida por el gobierno local para la compra de 200 bancos se ajustó en todo momento a la legalidad e incluso fue beneficiosa para las arcas municipales, pues supuso una rebaja final en el precio que tuvo que desembolsar el Ayuntamiento por esos elementos del mobiliario urbano. La juez archiva así las diligencias que había abierto a finales de febrero a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por una denuncia presentada por el PP en julio de 2010, que había responsabilizado de estos hechos al alcalde, Agustín Navarro, y a los concejales de Hacienda y Escena Urbana. El auto de sobreseimiento, contra el que cabe recurso, supone la primera victoria judicial del gobierno gestionado por los socialistas independientes después de las elecciones y un varapalo para los populares, que habían hecho de este caso una de sus banderas judiciales contra la gestión de Navarro.
El PP, a través de su edil Francisco Saval, había denunciado que el mobiliario en cuestión, incluido en una ambiciosa iniciativa del ejecutivo denominada "Plan Mil Bancos", se había presentado en marzo de 2010 y se había instalado en diferentes espacios de la ciudad a partir de abril "sin proceso de contratación" y basándose únicamente en un informe técnico firmado por un funcionario y avalado por un concejal, que establecía que los bancos costaban 58.000 euros. Esta cifra coincidía con el presupuesto presentado por la empresa que proporcionó los bancos, por lo que Saval denunció que había habido concertación entre la mercantil y el Ayuntamiento. Ya con los bancos en la calle, el Consistorio, según el edil popular, abrió el expediente negociado y sin publicidad del que resultó adjudicataria la firma en cuestión. Saval denunció un presunto delito de fraude en la contratación pública.
Sin embargo, la juez asegura ahora en su auto, con fecha del 18 de mayo, que la actuación del gobierno local siguió en todo momento a la Ley de Contratos del Sector Público. En primer lugar, porque la adjudicación se realizó por el procedimiento negociado sin publicidad, que es el método facultado por la ley cuando se realizan compras inferiores a 100.000 euros. Los siguientes pasos que dio el ejecutivo también fueron, según el juzgado, los correctos: como consta en el expediente, se consultó con varios empresarios, se invitó a participar a tres de ellas y una fue la elegida, en concreto la mercantil Espriu Benidorm. El auto afirma que "no se desprende del expediente fraude, maquinación ni irregularidad alguna en la adjudicación, avalada por todos los informes exigidos". Y añade que el coste final de la adjudicación "no sólo no excede la cuantía requerida legalmente para esta forma de contratación, sino que la oferta final resultó beneficiosa ya que mejoró a la baja el presupuesto después de la negociación". Efectivamente, de los 58.000 euros previstos inicialmente por los técnicos municipales el gasto final se rebajó a 44.080.
Este descenso ya había sido admitido por el PP que, sin embargo, advirtió de que si no hubiera sido por su denuncia, la mercantil se habría quedado los bancos por 58.000 euros, consumándose así el presunto fraude y demostrándose la connivencia entre la mercantil y el Consistorio. Sin embargo, la juez matiza a los populares que "las valoraciones e informaciones realizadas en los medios de comunicación no pueden nunca determinar conclusión alguna en el ámbito penal". También rechaza el argumento de la oposición de que el precio inicial de 58.000 euros presentado por la empresa era exagerado si se consultaban lo catálogos del ramo, ya que el gasto municipal fue notablemente menor.
Toda vez que por esos motivos, la juez considera que no existieron "indicios de maquinación, artificio o finalidad defraudatoria" exhorta a finalizar la investigación y a declarar el sobreseimiento provisional de la causa.

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