Benidorm

¿Los votos tienen precio?

La candidata del CDL acusa a los grandes partidos de comprar sufragios y al gobierno local, de coaccionar a empleados municipales

 01:56  

R. PAGÉS La cercanía a los comicios del próximo domingo y la gran incertidumbre que sobrevuela la campaña electoral en Benidorm hizo ayer que la crispación fuera el único punto común entre los tres partidos con mayores aspiraciones de sacar representación. La candidata del CDL, Gema Amor, fue la encargada de tirar la primera piedra. Y lo hizo a lo grande. Amor acusó a los "grandes partidos", PSOE y PP, de comprar votos de ciudadanos rumanos o diversos colectivos étnicos, como el gitano, y cargó también contra el gobierno local que preside Agustín Navarro, al afirmar que desde el Ayuntamiento se habría coaccionado a empleados municipales con contratos temporales a cambio de que votaran por correo a la candidatura socialista.
La expresidenta del PP y ahora alcaldable por el partido centrista dijo haber tenido conocimiento de estas prácticas por "testimonios" de personas que presuntamente se habrían visto presionadas para ejercer el voto a favor de socialistas o populares, a algunos de los cuales, según diversas fuentes, se les habrían ofrecido o bien dichos contratos temporales en el Consistorio o bien entre 30 y 50 euros por voto. La exedil dijo que esta supuesta compra de votos "es algo presunto, pero nos preocupa porque parece que para algunos vale cualquier atajo con tal de llegar a la Alcaldía". Por este motivo, Gema Amor lamentó que la campaña electoral desarrollada por los dos grandes partidos está "orientada a llegar al poder a cualquier precio", pues ambos habrían aplicado "la práctica del todo vale para ganar un puñado de votos". Y volvió a cargar las tintas contra el gobierno municipal "compuesto por tránsfugas" pues, a su juicio, "ha tenido la careta puesta desde septiembre de 2009 -cuando tuvo lugar la moción de censura- y ahora nos enseña su verdadera cara".

PP: "Ya tarda en ir al juzgado"
Las acusaciones de Amor fueron rápidamente respondidas por el PP local a través de un comunicado. Los populares afirmaron que, en estos momentos, circulan "dos únicos rumores entre la ciudadanía". El primero al que hicieron referencia los populares dirigió su objetivo al gobierno municipal: "El señor Navarro y el PSOE presuntamente han obligado a trabajadores municipales y alumnos del Programa de Fomento de Empleo a votar en la sede del PSOE". El segundo fue lanzado directamente a la línea de flotación de su expresidenta: "Un familiar muy directo de la señora Amor está presuntamente comprando votos a cambio de puestos de trabajo en diferentes empresas". Y, tras lanzar sus misiles, justificaron que "a pesar de ser un clamor popular, dado que el PP no dispone de pruebas para demostrar esos rumores, no lo hemos denunciado ante las autoridades competentes".
El partido que lidera Pérez Fenoll se defendió de las acusaciones de Amor afirmando que "no tienen base alguna y sólo persiguen obtener titulares de prensa" e invitaron a la candidata del CDL a acudir a denunciarlo "cuanto antes ante los tribunales, si tiene pruebas concluyentes ya está tardando". Por último, lamentaron que su excompañera empezó "la campaña electoral con insultos y calumnias hacia los dirigentes del PP y todo apunta a que la va a acabar de la misma forma".

Oídos sordos de los socialistas
Por su parte, el PSOE local prefirió hacer oídos sordos a las acusaciones de Amor y, tras considerar también que lo "único que buscan es publicidad gratuita", recurrieron al refranero popular para señalar: "Se cree el ladrón que todos son de su condición".
Y tras ningunear las críticas de la alcaldable del CDL, contraatacaron dentro de la guerra que socialistas y populares están librando con la sede de Correos como campo de batalla, después de que los segundos pidieran la pasada semana presencia policial ante las presuntas presiones de los socialistas a ciudadanos. Como respuesta, desde este partido aseguraron ayer que representantes del PP de Benidorm, ataviados con camisetas del partido, están acompañando a la sede postal a "personas en claro estado de embriaguez o con sus facultades mentales perturbadas con intención de que voten" y afirmaron haber comprobado que "el traslado se realizaba con coches identificados con la tarjeta de Servicio Oficial".

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