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Ortiz se quedó la estación de autobuses ofreciendo un embarque directo con el Altet vetado por AENA

La auditoría que fiscaliza la gestión del PP señala que desde el 11-S no se permitía un sistema de facturación externo a los aeropuertos

 09:55  

A. RUIZ La figura del constructor Enrique Ortiz ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral de Benidorm. La auditoría encargada a una empresa privada por el gobierno local sobre la gestión de los últimos ejecutivos del PP ha revelado que la UTE en la que estaba integrado el empresario alicantino obtuvo la adjudicación de la estación de autobuses tras ofrecer varios servicios que en realidad no podía cumplir, pero que le sirvieron para imponerse a otras empresas en el concurso que falló en 2002. En primer lugar, según revela la investigación, la UTE ofreció en la estación un servicio de "chek-in externo" por el que los viajeros con destino al aeropuerto de Alicante podrían realizar en la terminal de Benidorm la facturación de equipajes y la emisión de las tarjetas de embarque. Para ello, la mercantil alegaba en su oferta que había mantenido conversaciones con AENA, si bien no aportaba ningún documento que avalara que ese sistema era factible.
Y, de hecho, no lo era: una vez que se adjudicó el proyecto, se puso de manifiesto que AENA no admitía la realización de ese sistema de facturación externa, "algo no demasiado sorprendente -añaden los auditores- si tenemos en cuenta que la adjudicación se produjo un año después de los atentados del 11-S en Nueva York, en un contexto de máxima preocupación sobre la seguridad en la navegación aérea". Lógicamente, esta circunstancia no podía ser desconocida por los integrantes de la mesa de contratación del Consistorio de Benidorm, tal y como señaló ayer el portavoz adjunto del gobierno local, Jaime Llinares, quien advirtió de las responsabilidades que por ese motivo contrajeron "políticos y funcionarios" y anunció que la concejala de Contratación, Mariola Fluviá, presentará esta misma semana una querella por "estos hechos.
Pero es que el proyecto de Ortiz, ofrecía otros aspectos "de dudosa legalidad", ya que contemplaba que todos los viajes en autobús que se realizaran desde el aeropuerto de Alicante tenían que pasar por la estación de Benidorm, desde donde la concesionaria de esta última (la de Ortiz) distribuiría a los viajeros a los diferentes hoteles. Este método, según la auditoría, no sólo incumplía la Ley del Transporte Terrestre, sino que perjudicaba a Benidorm como destino turístico al obligar a los viajeros a realizar un transbordo en la terminal de autobuses y a abonar el transporte entre esa última y su hotel. Tanto las empresas perdedoras del concurso como la propia Conselleria de Obras Públicas advirtieron al Ayuntamiento de la imposibilidad de esta propuesta.
Ambos servicios eran vitales para la viabilidad económica de la estación, tal y como admitió la propia empresa. ¿Pero qué sucedió cuándo quedó claro que ambos eran imposibles de ejecutar? Según la auditoría, lo lógico era haber anulado el contrato y abrir un nuevo proceso de licitación. Sin embargo, el gobierno del PP optó por otra vía: decidió modificar el contrato con la finalidad de incrementar la zona comercial, lo que a juicio de los auditores "no obedecía a razones de interés público" sino que pretendía "aumentar la rentabilidad de la empresa adjudicataria" e incumplía la Ley de Contrataciones de la Administración Pública. Llinares recordó que en esa zona comercial se abrió un hotel sin licencia de ocupación.
El edil se mostró convencido de que estos hechos deben ser incluidos en las diligencias que la Fiscalía ya ha abierto debido a que la empresa de Ortiz tampoco ha pagado al Ayuntamiento el canon de la terminal, que equivale al 1% del valor de la explotación de todo el complejo. En el proceso de adjudicación de 2002 el pago de ese canon también le sirvió a la UTE del constructor para sumar más puntos al concurso.
Tras recordar que los ejecutivos del PP también permitieron, sin que pasara por el pleno, que la estación se hipotecara en 22 millones de euros -lo que otorgó liquidez a la firma de Ortiz-, Llinares desveló un "informe demoledor" del área de Intervención que se redactó en 2008 y que ya alertaba de esas presuntas irregularidades. El PP, sin embargo, optó por un informe de un abogado externo que avalaba esas actuaciones, lo que según el edil podría haber supuesto un presunto delito de prevaricación.

reacción
El PP achaca el informe a la guerra interna en el PSOE
El PP volvió ayer a despreciar la auditoría del gobierno local que a su juicio tiene una motivación electoralista y que obedece a las guerras internas del PSOE. Por eso, el portavoz popular, Antonio Pérez, acusó al edil Jaime Llinares de "haber practicado una venganza interna" contra el número 6 de la lista del PSOE (José Marcet), que fue el técnico que en su día firmó las certificaciones de obra del Palacio de Deportes, otra actuación censurada por la auditoría. "Marcet es uno de los responsables de que Llinares no repita en la lista, así que todo se debe a una vendetta de este último". Pérez acusó a los socialistas de usar "dinero público" para "sacar el ventilador", les retó a que acudan a los juzgados y señaló que el PP optará en cambio

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