Documentos que se perdieron para siempre, ausencia de mecanismos de control, falta de supervisión y fenomenales sobrecostes que supusieron un "dispendio para las arcas municipales". Esas son algunas de las conclusiones del primer borrador de la auditoría que el actual gobierno local de Benidorm encargó a una empresa privada para fiscalizar la gestión de los gabinetes del PP entre 2003 y 2009. De la misma se derivarían "infracciones del ordenamiento jurídico que podrían suponer delitos penales" debido a que en numerosas áreas gobernadas por los populares "no se siguieron los trámites legales", según anunciaron ayer respectivamente los portavoces del actual ejecutivo, Jaime Llinares y Natalia Guijarro.
Como es evidente, el PSOE está dispuesto a utilizar tan altisonantes conclusiones como arma política. No en balde, cuando en enero el gobierno del actual alcalde y candidato socialista, Agustín Navarro, contrató por 59.000 euros la auditoría a la empresa Moragues y Asociados, ya anunció que la investigación de la mercantil se prolongaría durante 4 meses. Esto es, que los resultados saldrían en plena liza electoral. Y así ha sido. De hecho, lo de ayer sólo fue un adelanto, ya que el ejecutivo sólo se centró en la herencia que dejó el PP en el área de contratación. Pero aún faltan las correspondientes a personal, subvenciones o urbanismo, que verán la luz en los próximos días. "Si yo fuera edil del PP no dormiría tranquilo", añadió Llinares, quien anunció posibles denuncias judiciales por estos hechos y llegó a aseverar que esas "infracciones" habrían justificado la moción de censura que con el apoyo de un tránsfuga desalojó a los populares del poder en septiembre de 2009.
Según el relato que realizan los auditores, el caos se adueñaba del Ayuntamiento cada vez que en aquel periodo había que contratar obras, toda vez que "no se realizaba control alguno" de las mismas por parte del departamento de Contratación, lo que provocó un "riesgo de auditoría muy alto". Para ejemplificar esta situación, el estudio apunta a dos de las obras más emblemáticas de los gobiernos que lideraron Vicente Pérez Devesa y Manuel Pérez Fenoll: el nuevo Ayuntamiento, que acabó costando un 96% más de lo que se presupuestó en un principio, y el Palacio de Deportes, cuyo sobrecoste se disparó hasta el 136%. Llinares comparó lo sucedido en este último con el caso Palma Arena, en alusión a la presunta trama de corrupción acaecida en las Baleares en la época del presidente Jaume Matas.
La construcción del Palacio se inició en 2002 y se prolongó durante los siguientes 6 años. Los presupuestos de las obras sufrieron dos modificaciones al alza, por lo que su coste pasó de los 9,3 millones de euros inicialmente previstos a 22. Según el portavoz del ejecutivo, ninguno de esos dos modificados se ajustaban a la ley, que sólo permite ese tipo de sobrecostes por "nuevas necesidades o causas imprevistas en los trabajos". Es más, del segundo, que se produjo en 2008 y supuso un coste extra de 4 millones, "no existe documentación alguna, con lo que el desastre no pudo ser mayor y será una carga para las generaciones futuras de Benidorm". Esta última irregularidad "aún no ha prescrito" por lo que Llinares insinuó que la Fiscalía podría actuar de oficio tal y como ahora lo está haciendo en la estación de autobuses, otra obra de ese periodo adjudicada al constructor alicantino Enrique Ortiz.
Sobre todo, porque en el Palacio de Deportes, la nómina de "gravísimas irregularidades" es, según la auditoría, aún más larga: el expediente no fue iniciado por ningún técnico cualificado, sino por el responsable del deporte escolar; llegaron a haber dos proyectos distintos que después se refundieron; no hubo informe de fiscalización previa ni de supervisión técnica; no existe fecha de publicación del proyecto en el BOE; y la adjudicataria elegida por la mesa de contratación -también de Ortiz- no fue la finalmente designada por el pleno "sin ninguna razón".
Circunstancias semejantes se habrían producido en la edificación del nuevo Ayuntamiento, que llegó a sufrir entre 2003 y 2006 hasta 4 modificados, con lo que de una adjudicación inicial de 10,9 millones se pasó a una final de 21,5 . La auditoría exculpa parcialmente los dos primeros -que sumaron en 2003 y 2004 casi 8 millones de euros- con el argumento de que era lógico que el gasto de los trabajos se incrementara debido a "su carácter audaz desde el punto de vista arquitectónico" o a las "incertidumbres" provocadas al ejecutarse "sobre una obra preexistente". Pero en cambio censura otros gastos que también aumentaron el presupuesto y que son llamativos: es el caso de una tarima flotante en el despacho de Alcaldía, la mejora del pavimento del salón de plenos o el empanelado interior en los aseos. Evidentemente tampoco en este caso se trataba de "causas imprevistas".
La auditoría también detecta irregularidades en una revisión de precios que se realizó en 2006 y advierte de otro desfase importante: de los 21,5 millones que pagó el Consistorio por su nuevo edificio sólo existen certificaciones por valor de 19,2 millones. No se produjo liquidación de las obras. Esta forma de hacer las cosas vulneraría a juicio de los auditores la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas y "no sería compatible con los criterios de una buena administración".
críticas a PP y CDL
Cajas de expediente sacadas de los despachos y "papeles comprometedores"
Después de que la auditoría constate que uno de los modificados al alza del presupuesto del Palacio de Deportes carece de documentación que lo justifique, el portavoz adjunto del gobierno de Benidorm, Jaime Llinares, pidió a los concejales del PP que "si tienen guardado algún documento en un cajón o en una cartera debe entregarlo, porque puede estar incurriendo en responsabilidades penales muy graves". Llinares agregó que existen "informes policiales verbales" que aseveran que "a horas intempestivas" se sacaron "cajas llenas de documentos de los despachos" por lo que "hemos extremado las medidas de seguridad" en el Ayuntamiento. Tras comparar esta situación con la creada en Italia por su presidente, Silvio Berlusconi, Llinares responsabilizó de la misma a ediles del PP o del Centro Democrático Liberal "que aún están en activo y cuyos rostros se pueden observar en los carteles electorales". Por ello, acusó a los líderes de esas dos fuerzas políticas, Manuel Pérez Fenoll y Gema Amor, de consentir esas prácticas. Por su parte, la actual edil de Contratación, Mariola Fluviá, aseguró que han desaparecido "documentos muy comprometedores" para algunos políticos, aunque prefirió exculpar de cualquier responsabilidad a los funcionarios municipales. Fluviá señaló que durante la época del PP hubo una "absoluta falta de control de los expedientes" y anunció que los mismos han sido sometidos ahora a una rigurosa numeración.
