Una auditoría externa encargada por el ayuntamiento de Benidorm ha revelado presuntas "infracciones graves al ordenamiento jurídico" y posibles "ilegalidades" en la gestión del área de Contratación entre 2003 y 2009, según el gobierno municipal.
Así lo han afirmado hoy, en rueda de prensa, los portavoces, Natalia Guijarro y Jaime Llinares, y la concejala de Contratación, Mariola Fluviá, quienes se han referido a las primeras conclusiones generales de la auditoría contratada a la empresa Moragues y Auditores.
Esa auditoría, aprobada por pleno, fiscaliza los últimos seis años de gestión del PP al frente del consistorio y los primeros tres meses del actual gobierno.
Llinares ha señalado que el informe analiza algunos contratos de forma individualizada, como el expediente de construcción del Palacio de Deportes y el del edificio del ayuntamiento.
Según el responsable de Urbanismo, en el estudio sobre el Palacio de Deportes, la auditoría revela "la existencia en Benidorm de un segundo Palma Arena", ya que este contrato se adjudicó originalmente por 9,3 millones de euros y la construcción "acabó costando 22 millones de euros" tras dos modificados de obra.
Llinares ha indicado que los 13 millones de euros más que costó el Palacio de Deportes implican "un sobrecoste del 136 %", lo que supone "una vergüenza" y "una carga que no podrán atender las generaciones futuras".
El edil ha relatado algunas de las "irregularidades" detectadas por la auditoría respecto a ese contrato, entre ellas que el expediente "está incompleto", que "no constan informes de disponibilidad de crédito ni de fiscalización previa" y que "no consta acta de replanteo".
También ha recordado que el pleno adjudicó las obras a una empresa diferente a la propuesta por la Mesa de Contratación y que obtuvo menor puntuación.
Llinares ha hecho hincapié en que "no existe documentación" al respecto del segundo modificado de obra del Palacio de Deportes de "más de cuatro millones de euros", lo que, unido a que "no se han aportado los certificados de obra", evidencia que "el desastre no puede ser mayor".
Por su parte, la actual edil de Contratación ha señalado que son numerosos los expedientes tramitados entre 2003 y 2009 que están incompletos y ha añadido que "faltan muchos documentos comprometedores para algunos políticos".
Entre los expedientes en los que falta documentación está el del contrato de construcción del ayuntamiento, que se adjudicó en 10,9 millones de euros y cuyo coste final fue de 21,5 millones de euros, un 96,64 % más de lo previsto.
Según la auditoría, el contrato sufrió cuatro cambios: dos modificados de obra (2003 y 2004), un expediente de obra complementaria (2003) y uno de revisión de precios (2006).
Las conclusiones de la auditoría indican que, aunque las modificaciones de las obras, que se hicieron cuando ya estaban ejecutadas, responden al interés general, se aprovecharon para introducir "otras alteraciones discutibles".
Además, establece que la revisión de precios de 2006 no debió aplicarse a la obra complementaria y que, de los 21,5 millones de euros que pagó el ayuntamiento, sólo existen certificaciones por valor de 19,2 millones de euros.
Según el gobierno municipal, en algunas de "las muchas irregularidades detectadas" podría haber "indicios de delitos penales", por lo que ha anunciado que no dudará en "ir al juzgado y pedir responsabilidades personales".
