La ciudad buque insignia del turismo español, Benidorm, populosa y reconocida internacionalmente, es también famosa por sus avatares en la política municipal, ya que afronta las próximas elecciones con un historial cargado de transfuguismo que salpica a los dos grandes partidos.

Una circunstancia que ha llevado a la "ciudad de los rascacielos" a convertirse en la última década y por méritos propios en el símbolo del transfuguismo, un problema que, tanto el PSOE como el PP, dicen reprobar y rechazar, pero, ante el cual, ninguno toma medidas drásticas.

Y ello a pesar del bombo que se dio al "Pacto Antitransfuguismo", suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, inicialmente en 1998 y ratificado después en varias ocasiones, y que no es otra cosa que un código de conducta política para erradicar estas prácticas en las corporaciones locales.

Unos y otros se acusan mutuamente de "torpedear" el pacto, al tolerar, por acción u omisión en sus partidos, este problema que concierne a todos y que, de hecho, ha sacado los colores y puesto en apuros a los líderes y dirigentes nacionales, en innumerables ocasiones, por consentirlo o admitirlo.

Sin ir más lejos, el último caso sonado de transfuguismo se produjo en el Ayuntamiento de Benidorm, donde los socialistas consiguieron arrebatar hace un año y medio el poder a los populares gracias a una moción de censura del PSOE que apoyó un concejal tránsfuga del PP.

En este caso, las tensiones se amplificaron toda vez que entre los concejales que apoyaron la moción se encontraba, para más inri, la madre de la entonces secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, Maite Iraola, quien se vio obligada, junto al resto de compañeros socialistas, a darse de baja del partido.

Este hecho fue más bien un gesto que hicieron de cara a la galería para no herir sensibilidades, puesto que, como se ha podido comprobar ahora, el alcalde tránsfuga de la ciudad, Agustín Navarro, encabezará de nuevo la lista socialista, aunque esta vez como "independiente".

Ante esta situación y el liderazgo de Gema Amor en Benidorm, los populares se las prometían muy felices hasta que ésta decidió plantar al partido a tan sólo un mes de las elecciones y encabezar, también como "independiente", la candidatura del Centro Democrático Liberal.

Pero la historia del transfuguismo en este municipio de más de 70.000 habitantes no es nueva: muchos recuerdan todavía la llegada de Eduardo Zaplana, hace ahora 20 años, a la Alcaldía, a la que accedió después de una moción de censura contra el alcalde socialista y con el apoyo de una tránsfuga del PSOE.

MÁS DE 60 CASOS DESDE 2007

Desde las últimas elecciones locales, celebradas el 27 de mayo de 2007, la Comisión Antitransfuguismo, que integran representantes de la mayoría de partidos con representación parlamentaria, ha constatado más de 60 casos de transfuguismo político por toda la geografía española.

Castro Urdiales (Cantabria), Jabugo (Huelva), Cangas de Narcea (Asturias), Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, ambos de Cádiz, Cañizo (Zamora), Denia (Alicante), Silla (Valencia) y San Sebastián de la Gomera (Tenerife) son algunos de los municipios en los que ha habido transfuguismo en esta legislatura.

Así como en los de Pobra de Trives (Ourense), Velilla de San Antonio y San Agustín de Guadalix, ambas en Madrid, Vilafant (Girona), Balaguer (Lleida), San Agustín de Guadalix (Madrid), y Silleda (Pontevedra).

CASTRO URDIALES SE RESOLVERÁ A TRES DÍAS DE LAS ELECCIONES

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, expulsado del PRC en 2007 y declarado tránsfuga, tiene pendientes ocho causas penales por su gestión del urbanismo y de los contratos de obras y servicios del Ayuntamiento.

Muguruza y su teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez, que abandonó el PP después de que este partido le suspendiera de militancia, han asistido esta semana al primero de los juicios que tienen pendientes.

La Fiscalía ha solicitado para ambos ocho años y nueve meses de inhabilitación, porque considera que prevaricaron al conceder "a dedo" unas obras a una empresa del hermano de un concejal de su equipo de gobierno.

Al término de la vista oral, el juez de lo Penal número 2 de Santander comunicó a las partes que hará pública la sentencia el 19 de mayo, tres días antes de la jornada electoral.

Si son condenados, Muguruza y Rodríguez podrían verse privados de presentarse las elecciones municipales en Castro Urdiales con el nuevo partido político que han fundado para estos comicios, Alternativa Castreña Independiente (ACIAI).

Y ello en virtud de la reforma de la Ley Electoral aprobada en enero de este año, que declara inelegibles a aquellas personas que hayan sido condenadas a penas de inhabilitación, aunque la sentencia no sea firme, por delitos rebelión, terrorismo, contra las Instituciones del Estado y contra Administración Pública. En este último capítulo, se está incluido el delito de prevaricación.

TAMBIÉN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aunque el Pacto Antitransfuguismo se firmó para erradicar el transfuguismo en los ayuntamientos y evitar cambios de mayorías de gobiernos, estas prácticas también se han dado en comunidades autónomas, siendo el más destacado el denominado "Tamayazo" que en 2003 impidió, el mismo día de la votación, un gobierno regional PSOE-IU presidido por Rafael Simancas.

En definitiva, una infinidad de casos, aunque aquí sólo se citen unos cuantos de esta legislatura, que no han quedado resueltos con el Pacto Antitransfuguismo y que sólo se evitarán si unos y otros cogen el "toro por los cuernos" y deciden ser implacables ante estas prácticas.