El exalcalde popular de Guadalest, Juan Bautista Balaguer, podría haber contraído "responsabilidad contable" por una serie de irregularidades producidas en la gestión de las cuentas municipales entre 2004 y 2007, durante la pasada legislatura. Así lo ha advertido el Tribunal de Cuentas según una citación publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOGV) y que advierte de que según las conclusiones del "juicio contable", el gobierno del ex primer edil habría dejado un "posible descubierto" de 526.044 euros, tal y como confirmó también ayer la actual alcaldesa de Guadalest, la socialista Trinidad Amorós. Balaguer fue alcalde del municipio entre 1979 y 2007.

Las presuntas anomalías contables que se están investigando en Guadalest apuntarían en dos sentidos. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas ha detectado a lo largo del procedimiento "irregularidades en la recaudación y control de las tasas de utilización del aparcamiento municipal así como del acceso a la casa museo Casa Orduña" a lo largo de tres años. La cifra presuntamente defraudada en esta gestión se situaría cerca de los 490.000 euros, según señaló Amorós. El tribunal pretende averiguar si esta cantidad nunca llegó a ingresarse en las arcas municipales.

El resto de la cantidad -unos 30.000 euros- obedecería a las posibles anomalías realizadas por pagos a trabajadores municipales en 2006. En este caso, se trataría de dilucidar si se abonaron en dos ocasiones las nóminas de los empleados.

En los dos casos (en cuyas cuantías ya están incluidos los intereses), Balaguer se podría convertir en responsable patrimonial subsidiario, si bien en la cuestión de los pagos a los trabajadores también estarían implicados en el mismo sentido el ex interventor y el ex secretario municipal. De hecho, lo que ha acordado ahora el Tribunal de Cuentas es un "procedimiento de reintegro por alcance" para establecer si Balaguer y los dos técnicos municipales deben devolver esas cantidades. En este sentido, da un plazo de 9 días para que todas las partes se personen con el fin de demandar el mantenimiento de esa responsabilidad contable o manifestar su oposición a la misma.

A finales de 2009, y por indicación del propio Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Guadalest decidió trasladar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que investiga si se han cometido delitos penales.