"Un auténtico escándalo". Así calificó ayer el Ayuntamiento de Benidorm la última modificación aprobada por el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, en el planeamiento del área de reserva del parque temático Terra Mítica, que supone incrementar de forma notable la densidad urbanística en cinco parcelas de 132.885 m2 ubicados junto al complejo de ocio y que ha sido promovida por la Sociedad Parques Temáticos, de capital público, a instancias de las tres promotoras con intereses en el suelo y entre las que se encuentra una del constructor alicantino Enrique Ortiz. "La administración pública se ha puesto al servicio de las mercantiles privadas", denunció el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares.

El pasado 21 de febrero, Cotino firmó en una resolución la modificación número 6 del Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Terra Mítica, que llegó al Ayuntamiento de Benidorm el 4 de marzo y que regula esa zona, que en principio formaba parte de un área de 700.000 m2 concebida para una futura ampliación del complejo de ocio y que al final ha acabado por reservarse para edificar hoteles y apartamentos turísticos, a pesar de que es suelo "no urbanizable no protegido". Esa parcela fue adquirida por las empresas privadas en subasta pública por 85 millones de euros.

Los cambios ahora incorporados por la Conselleria, que ayer fueron desgranados por Llinares, amplían la densidad urbanística de la zona, hasta el punto de que el edil se lamentó de que "desaparece hasta el último pino y el último arbusto y ahí se van a poder construir un equivalente a 2.000 apartamentos". Así, se elimina la parcela mínima de 2.000 m2, se disminuye la distancia entre edificaciones, se incrementa el número de plantas a bajo más tres pisos, más ático y se aumenta la altura de cornisa a 16,5 metros y la de cumbrera a los 18.

El concejal de Urbanismo anunció que propondrá al próximo pleno que el Ayuntamiento de Benidorm lleve estas modificaciones a los tribunales -en concreto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana- después de que la Conselleria haya rechazado las alegaciones presentadas por el Consistorio. En este sentido, Llinares esgrimió un informe del secretario municipal que advierte de la "falta de legitimidad de la Generalitat" en la tramitación de estos cambios , que en realidad suponen "una clara intromisión en el Plan General de Benidorm", toda vez que ya no se trata de una tramitación al servicio del interés público sino de unas sociedades mercantiles. Y en este sentido, Llinares realizó una revelación: "Lo que Cotino no ha contado es que en el plan de participación ciudadana del PEDUI, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana admitía que la modificación había sido promovida por las mercantiles Creambiente Mediterránea S.L., Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras e Implantación de Técnicas Innovadoras". Es decir, que "son las mercantiles privadas las que le dictan a Cotino los cambios en esas parcelas", agregó el regidor.

Llinares instó tanto a "los partidos progresistas de las Cortes Valencianas" como a los "grupos ecologistas" a sumarse a Benidorm en esta vía judicial. Y también exhortó al grupo municipal del PP de Benidorm a que se vote en el pleno a favor de la misma propuesta.

El Consistorio también se opone a las variaciones del Consell porque a juicio de los técnicos municipales la administración autonómica pretende una modificación trascendental del planeamiento de Benidorm (en cuyo suelo se ubica un 80% de los diez millones de m2 del PEDUI) y de Finestrat (con un 20%). Y ésta no es sólo una cuestión técnica sino también económica: según Llinares, Benidorm tendría derecho a un 10% del aprovechamiento de esos terrenos, algo que sin embargo Cotino le niega porque se trata de suelo no urbanizable. "Parece que la Generalitat se haya decidido a implantar una especie de territorio de Liechtenstein dentro del término municipal de Benidorm", dijo Llinares para añadir, ya en un tono muy crítico, que "lleva a la confusión que en una zona arbolada quemada se implante un parque temático que acaba siendo un cortijo; porque es increíble que en pleno siglo XXI sigan existiendo cortijos".

Por si fuera poco, el informe del secretario municipal cree que algunos de los cambios "de los parámetros urbanísticos" sancionados por la Sociedad Parques Temáticos no se ajustan a la ley, como la eliminación de la parcela única de 2.000 m2 o el radical fraccionamiento de las manzanas de esta futura zona residencial, toda vez que el mismo se realiza en suelo no urbanizable.

En las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento se le recordaba a Cotino que en toda España sólo existe una autonomía que regula este tipo de problemática, Cataluña, que lo está haciendo desde 1989 con su Ley de Centros Recreativos Turísticos para hoteles y zonas residenciales y comerciales. Según Llinares, esa ley sí que hubiera reconocido el derecho de la capital turística a cobrar el 10% del aprovechamiento urbanístico. Sin embargo, en un tono ácido y un tanto sorprendente, Cotino señaló que la alusión a ese cuerpo legal era "improcedente y entraba en contradicción con el Estatuto de la Comunidad Valenciana y con la soberanía de esta última".