"Hoy nos hemos concentrado aquí para denunciar una atrocidad, una gran mentira plasmada en un documento público que dice que el agua de esta playa no es apta para el baño... para poder hacer mal las cosas". Con estas palabras ayer comenzó su intervención uno de los cientos de alteanos y residentes en la villa blanca que acudió a la convocatoria ciudadana en contra de la ampliación de la bocana del denominado "Portet" de la Olla. Un proyecto cuyas obras se suspendieron el viernes, cautelarmente, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hasta resolverse el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento contra la resolución del director general de Puertos de la Conselleria de Infraestructuras que autorizó las mismas.

Tras enfatizar en el óptimo estado de las aguas, el vecino continuó leyendo a los asistentes el manifiesto que enviarán, respaldado por cuantas firmas consigan, al juez del TSJ, y que afirmaba que los vecinos "están preocupados ante los daños irreversibles en el entorno singular de la Cala del Soio y su playa -ecológicos, históricos, patrimoniales y de afección a una cala volcánica singular- que se producirán si se ejecuta el proyecto previsto por la concesionaria de "El Portet", Vincelem, de cambiar la bocana del citado puerto".

Además, y una vez el alcalde, Andrés Ripoll, también tomara la palabra para explicar cómo el Ayuntamiento había logrado paralizar la obra mediante la presentación del recurso judicial, otra vecina le manifestó la voluntad de la gran mayoría de vecinos: "Que todos los grupos políticos solicitaran recuperar la concesión del puerto, y después que se quedara como estaba, sin uso, como estaba al ser el único paraje natural protegido que tenemos en toda la costa alteana". El alcalde, sin embargo, no se pronunció ante la viabilidad o predisposición de llevar a cabo tal posibilidad, pese a que el embarcadero, construido en la década de 1960, se ubica sobre un afloramiento volcánico datado en 225 millones de años de antigüedad donde también existen yacimientos arqueológicos submarinos.

Además del alcalde socialista, también asistieron miembros de los otros partidos con representación municipal como Miguel Ortiz, portavoz del Partido Popular, y representantes del Bloc Nacionalista Valencià en la localidad.

Las obras del fondeadero ubicado dentro del futuro "Corredor Verde" de Altea, comenzaron el 3 de febrero, siendo paralizadas el mismo día por un decreto de la Alcaldía al carecer del permiso de obras municipal, según informaron desde el gobierno local. La empresa Vincelem 2006, S.L., concesionaria del puerto, tiene sin embargo los permisos y autorizaciones del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Puertos de la Generalitat Valenciana, según hizo pública su gerente tras la medida adoptada por el Ayuntamiento.