El fallo judicial da la razón al agente urbanizador, la mercantil Prometesa, que había interpuesto un recurso por la paralización del proyecto de reparcelación presentado en febrero de 2008, al entender que el Consistorio, gobernado entonces por el PP, estaba obstaculizando un plan que prevé urbanizar 900.000 m2, y construir 2.000 viviendas por "inactividad y falta de voluntad".
La sentencia puede además comportar graves consecuencias económicas para el Ayuntamiento según desveló ayer el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, toda vez que Prometosa, que pertenece al empresario Francisco Gómez, actual presidente del Cartagena F.C., ha reclamado por vía judicial una indemnización de 74 millones de euros por la paralización decretada por González de Zárate: "Si esa reclamación prospera y los tribunales dan la razón al agente urbanizador, el Ayuntamiento de Benidorm se puede enfrentar a una situación de quiebra técnica" alertó Llinares.
De hecho, la reclamación exigida por la mercantil de Gómez supondría el 75% del presupuesto de gastos previsto por el Consistorio para este año y que asciende a 98,5 millones. Ante tan sombrías perspectivas, Llinares garantizó que su departamento no se quedará parado: "Ahora mismo (dijo ayer durante su comparecencia) tenemos a cuatro abogados estudiando las acciones legales que hay que tomar", porque el fallo es recurrible ante el TSJ.
El concejal de Urbanismo culpó de este riesgo de quiebra a la "nefasta gestión urbanística del PP, bajo cuyo mandato se produjeron presuntas corrupciones" de las que Llinares responsabilizó tanto a Zárate -que firmó el decreto de paralización apenas un mes y medio antes de la moción de censura que desalojó al PP del poder- como al alcalde Manuel Pérez Fenoll. En este sentido, aseguró que el expediente administrativo y judicial del caso demuestra que el alcalde "recusó a varios funcionarios municipales y apartó al secretario del Ayuntamiento para que toda la operación quedara en manos de un abogado externo".
Al respecto, en mayo de 2008, el secretario municipal había asegurado en un informe que la reparcelación -que correspondía a un PAI adjudicado en 2003- debía aprobarse por silencio administrativo, tal y como recogió entonces en un decreto Pérez Fenoll. Sin embargo, poco tiempo después, en junio, Fenoll revocó su propia decisión y firmó otro decreto que dejaba el futuro de El Murtal al criterio del técnico externo partidario de suspender la reparcelación. Ayer, Llinares declaró que "no descartamos buscar responsabilidades personales y patrimoniales contra el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo de la época del PP en caso de que prospere la reclamación económica exigida por el agente urbanizador". Y vinculó este caso con otros que también demostrarían la "desastrosa herencia del PP", como la estación de autobuses o el plan de Armanello.
El futuro del plan parcial es así complejo, entre otras cosas porque arrastra hasta diez pleitos, algunos de los cuales continúan abiertos. De hecho, otro juzgado de Alicante debe decidir sobre un nuevo recurso de Prometesa que exigía precisamente que se diera luz verde a la reparcelación por silencio administrativo. Esta última alternativa también es difícil: existen otras dos sentencias judiciales que cuestionaban el proyecto debido a que consideraba excesivas las cargas de urbanización impuestas a los propietarios.
Zárate asegura que se guió por una sentencia del Tribunal Supremo
El ex concejal de Urbanismo José Ramón González de Zárate instó ayer al gobierno local a que recurra la sentencia del PAU de la Murta "en defensa de los intereses públicos y del patrimonio municipal de Benidorm" que, según añadió, "fue lo que yo defendí ". El edil popular explicó que suspendió el proyecto de reparcelación presentado por Prometosa "porque había serias dudas de que el agente urbanizador hubiera cumplido una sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a rebajar las cargas de urbanización". "Fue una suspensión cautelar porque los propietarios de la zona recurrían advirtiendo de que se había producido una inejecución de esa sentencia, por lo que los daños hubieran sido mucho mayores si se hubiera seguido adelante con la reparcelación".
Zárate aseguró que cuando Prometosa presentó por vía administrativa -antes de acudir a los juzgados- la reclamación exigiendo los 74 millones de euros ya estaba en el poder el actual gobierno local, "que fue incapaz de resolver la situación". Y que el actual responsable de Urbanismo, Jaime Llinares, también pudo revocar la suspensión cautelar y seguir adelante con la reparcelación, y sin embargo no lo hizo.
Zárate negó que Prometosa pudiera obtener la citada reparcelación por silencio administrativo: "El proceso no había finalizado en 2009, porque la empresa seguía recibiendo alegaciones de los propietarios". "No ha habido ninguna trama de corrupción", añadió el edil, quien negó que la mercantil tenga razón al reclamar los 74 millones de euros, ya que "aún no ha reparcelado ni ha hecho ninguna inversión allí". Por último, Zárate aseguró que fue el agente urbanizador el que recusó a los dos funcionarios municipales y agregó que "yo quiero que las infraestructuras del plan se ejecuten, pero con verdaderas garantías". A.R.
