"Materialmente irrealizable" y sin "utilidad práctica para el interés público general". El interventor municipal del Ayuntamiento de Benidorm emitió un informe que carga de lleno contra la auditoría contratada por el alcalde Agustín Navarro para fiscalizar la gestión del PP al frente del Ayuntamiento entre los años 2003 y 2009 y mediante la cual seis auditores externos revisarán desde mañana, lunes, todos los expedientes firmados por las áreas de Contratación, Personal y Urbanismo durante esos seis años. El informe está fechado el pasado 7 de diciembre, antes de que el primer edil firmara el contrato con la empresa alicantina Moragues Auditores S.L., para cumplir con una de sus primeras promesas cuando accedió a la Alcaldía, tras la moción de censura del 22 de septiembre de 2009. Este estudio sobre el "cumplimiento de la legalidad" en el Ayuntamiento, adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad, costará a las arcas municipales 59.000 euros y se iniciará cuando faltan poco más de cuatro meses para las elecciones municipales, con el fin de que arroje sus primeras conclusiones en plena campaña.
El informe del interventor, al que ahora ha tenido acceso este diario, no sólo cuestionó en su momento la utilidad de dicha auditoría, sino que recuerda que las competencias para la fiscalización financiera y el control interno ya están "legalmente atribuidas" a la Intervención municipal, cuyo cometido es precisamente auditar y supervisar estas cuestiones.
Y más: "La presente contratación sólo tendría fundamento a instancia de la propia Intervención y respecto a los informes concretos que sobre irregularidades de procedimientos ha venido poniendo de manifiesto de forma reiterada en los últimos ejercicios".
El técnico alerta en su escrito de que el pliego de condiciones no especifica "cuántos expedientes serán objeto de la auditoría, en qué áreas y los ratios que se van a utilizar para determinar los expedientes a auditar" dentro de cada ejercicio y de cada área concreta.
Esta falta de concreción "no sólo invalidaría total y absolutamente el contrato", según pone de relieve, sino que, además, "convierte la auditoría en materialmente irrealizable" al considerar que el número de expedientes a evaluar podría alcanzar "la cifra de 3.000 o incluso más" y que la selección de los mismos no puede quedar "en ningún caso al albedrío del contratista".
En los últimos párrafos del documento, el interventor destaca no ver la "utilidad práctica para el interés público general" de la auditoría al advertir que "las responsabilidades administrativas ya están en muchos casos prescritas". Por ello, ofrece como una alternativa que considera en su informe "mucho más interesante" centrar los esfuerzos en el área de Personal. El interventor pide realizar un estudio completo "de las actuaciones con relevancia económica" en este departamento en los últimos ejercicios y asegura que ha informado en varias ocasiones de la "falta de capacidad material de esta Intervención para realizar" dicho estudio.
Antecedentes
El desencuentro entre el interventor municipal y el gobierno local de Benidorm no es nuevo. En los últimos meses, el técnico ha venido informando en contra del funcionamiento de algunos departamentos, fundamentalmente en materia de Personal, y poniendo numerosos reparos a gastos en ésta y otras materias.
Como ejemplo basta recordar el documento que elaboró el pasado 2 de diciembre para quejarse de que estaba "harto de constatar las numerosas veces que los responsables del departamento de RR HH -Recursos Humanos- han mentido echando la culpa a la Intervención de problemas o retrasos totalmente inexistentes o debido a ellos mismos", tras una polémica suscitada en la mesa general de negociación sobre la RPT, y para poner de manifiesto que había informado de esta situación al primer edil en varias ocasiones.
El PP critica que la investigación no se amplíe hasta 2010
El portavoz del PP local, Antonio Pérez, afirmó ayer que su grupo está tranquilo ante la auditoría como demuestra que su voto fue a favor de la moción, "cosa que no hizo Navarro con la enmienda del PP en la que se planteó que debía ampliarse también al ejercicio 2010 porque para cuando se iniciase habría acabado un ejercicio más".Pérez enfatizó que "Navarro no puede ampliar esa auditoría al ejercicio 2010 porque seguramente lo que diría esa auditoría es que ha dilapidado los recursos municipales y que la gestión del PP fue correcta, y que si ha habido un desmadre y un descontrol absoluto en el Ayuntamiento ha sido desde que él asaltó la Alcaldía". Pérez también apuntó que Navarro no ha fechado la fecha de la auditoría, al 95, porque de hacerlo todos recordarían "que cuando justificaba facturas como funcionario, los proveedores que debían haber cobrado esas facturas, decían que no las habían cobrado y había un desfase de dinero".
