Un total de 65 personas han conmutado en 2010 sus penas por trabajos a la comunidad a través del Departamento municipal de Servicios Sociales de Benidorm. Según Servicios Penitenciarios de Alicante, se trata del primer año en el que el Consistorio benidormense acaba con las "disfunciones" que arrastraba desde 2004, eliminando las listas de espera.

Sin embargo, fuentes del Juzgado de lo Penal de Benidorm afirman que siguen siendo centenares las sentencias que prescriben. Lo hacen porque "no llegan a salir del cajón", es decir, las solicitudes de conmutación de pena no se envían a tiempo a los Servicios Penitenciarios, que a su vez lo derivan al Ayuntamiento. La causa de esta irregularidad: "la precariedad de recursos", según afirmaron.

"Faltan medios humanos, materiales y tecnológicos, sólo aquí, en el juzgado de lo penal entran 600 sentencias al año para ser ejecutadas, la mitad llegadas de los juzgados de Instrucción, y las que implican trabajos a la comunidad, las menores que prescriben al año, no suelen cumplirse al no llegar a salir del juzgado. No llegan a notificarse a los Servicios Penitenciarios para poder informar a tiempo de las otras penas, las que deben cumplirse en prisión, aquellas de deben ejecutarse enseguida, que son las que sí damos salida", explicaron.

Al menos, según añadieron, las pocas sentencias que salen se ejecutan. Este punto fue destacado por los Servicios Penitenciarios de Alicante, desde donde afirmaron que "se cumplen al cien por cien las solicitudes recibidas, y enviadas a su vez al Ayuntamiento de Benidorm, en el que ya no se producen las disfunciones que venían arrastrándose desde 2004".

Desde hace un año la Administración municipal ajusta en tiempo y forma los trabajos al perfil de los penados. Se trata de tareas que realizan sin remuneración económica pero dados de alta en el régimen de la Seguridad Social. El coste de estas 'altas' lo cubre, desde 2009, el Ministerio de Interior. Y ese puede ser el motivo por el que, según indicaron desde los Servicios Penitenciarios, "puede haber hecho que algunos ayuntamientos, como Benidorm, activen el servicio, ya que no les supone un gasto extra".

En la localidad este servicio es coordinado desde el centro Llorca Llinares. Una vez la persona condenada acepta ante el juez cumplir la pena en Benidorm, Servicios Penitenciarios envía la solicitud al departamento municipal de Servicios Sociales. Su directora, Mercedes Moreno, es la encargada de entrevistar a cada persona, para ajustar el perfil profesional de cada uno, sus condiciones laborales, y su pena, al trabajo a desarrollar.

En la mayoría de los casos la tarea se busca en función de la experiencia laboral, en un horario que no ponga en peligro el empleo del condenado. No ocurre así con las penas leves por violencia de género, donde prima el destino, siempre diferente al lugar donde es atendida la víctima.

Los trabajos cubren necesidades extraordinarias de los departamentos de Medio Ambiente, Servicios Sociales y Técnicos. Así, según explicó la directora del centro, "si es personal del sector de la construcción se les encarga pintar despachos, arreglar estancias municipales, o hacer pequeñas reparaciones", al igual que se encarga la limpieza de barrancos y caminos a personal que no tiene una cualificación determinada. Cuando la formación es mayor, también realizan horas como auxiliar de apoyo en comedores, "principalmente en la Escuela municipal de Verano, ya que hay quienes aprovechan sus vacaciones para cumplir las penas", o ayudando a ancianos.

En estos últimos casos se ha dado la circunstancia de que "algunas personas han querido seguir colaborando como voluntarias después de ejecutar la sentencia". Otros, "los menos", repiten por orden judicial al incidir en la misma infracción.

En el municipio, además del Ayuntamiento colaboran con los Servicios Penitenciarios de Alicante la Cruz Roja, la Protectora de Animales de Benidorm, la ONG Emaus, y Cáritas. Además, ya hay cursos de Seguridad Vial para conmutar las penas de Tráfico en Alicante, llamado 'Taseval', que imparte la Administración penitenciaria, logrando que en la actualidad prácticamente no haya lista de espera para conmutar penas por cursos (al mes pasan por los mismos 530 personas de toda la provincia).