La juez que instruye el caso por las presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Polop de la Marina ha imputado al ex edil del PP, Jaime Narbó, un presunto delito de tráfico de influencias tras tomarle declaración ayer durante cerca de hora y media. Narbó, que estuvo al frente de las áreas de Deportes, Juventud y Medio Ambiente entre los años 1999 y 2007, compareció en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de La Vila Joiosa para dar explicaciones sobre una operación de compraventa de terrenos entre él, su padre y el ex alcalde Juan Cano, que también está imputado por los mismos hechos, con la mercantil Blauverd, una de las principales urbanizadoras de Polop. El ex edil explicó a la juez que vendió a Juan Cano una parcela de las tres investigadas a un precio mucho menor que el de mercado porque éste le había prestado años atrás parte del dinero para que la pudiera comprar, según explicaron a este diario fuentes relacionadas con la causa.
En concreto, los hechos se remontan al año 1999. Entonces, Jaime Narbó compró a un matrimonio tres terrenos, uno urbano y dos rústicos, por 60.101 euros. En el año 2004, el edil vendió las dos parcelas rústicas, que tras la homologación del Plan General de 2003 tenían ya condición de urbanizables. Una de ellas la adquirió su padre por 7.500 euros y la otra, Juan Cano, que en esos momentos no era concejal en el Ayuntamiento, por el mismo precio. Meses después, el 25 de noviembre de 2005, ambos vendieron los terrenos a la mercantil Blauverd, apenas 14 días después de adjudicar la condición de agente urbanizador del sector 8 Teulería-La Paz a dicha empresa. La del padre de Jaime Narbó se vendió por un precio de 240.000 euros y la de Juan Cano por 290.000. Es decir, que cobraron por el suelo un precio 38 veces superior a que habían pagado un año antes. Y a todo ello, el concejal Narbó votó en el pleno la adjudicación del plan parcial en el que tenía terrenos, sin ausentarse de la sesión.
En cuanto a la parcela que desde el principio tenía calificación de urbana, fue vendida por Narbó a la mercantil Blauverd en noviembre del año 2005 por 480.000 euros. En la venta ejerció Juan Cano de representante del concejal.
La investigación judicial trata de aclarar si Cano y Narbó pudieron beneficiarse de su poder en el Ayuntamiento y si presuntamente instigaron a otros ediles para que condicionaran la adjudicación de agente urbanizador de dicho PAI a la mercantil Blauverd a que ésta comprara al padre de Narbó y a Cano dichos terrenos, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. De hecho, el edil de Deportes votó a favor en el pleno y Cano, pese a no estar en la corporación en esa época, seguía controlando el urbanismo de la localidad, lo que le valió numerosas discrepancias con el alcalde asesinado Alejandro Ponsoda, y por cuyo crimen también está imputado.
Fuentes judiciales relataron ayer que Narbó justificó ante la juez la venta de las parcelas a su padre y a Juan Cano a un precio menor del que realmente tenían porque ambos le habían prestado parte del dinero para poder adquirirlas. Estas mismas fuentes señalaron que el ex concejal, que al igual que Cano contestó a las preguntas de todas las partes a excepción de las de la acusación particular que representa al Ayuntamiento, negó la comisión de irregularidades y también haber ejercido presiones a ningún concejal para forzar la adjudicación del PAI. Asimismo, Jaime Narbó explicó que, a pesar de tener intereses directos en dicho plan parcial, votó en el pleno a favor de su adjudicación porque, según él, el anterior alcalde y el secretario municipal le indicaron que no había problema en que así lo hiciese, como agregaron estas mismas fuentes que, no obstante, destacaron que la declaración del ex concejal había sido "confusa" y con algunas "contradicciones".
Cuatro testigos
Para intentar aportar más pruebas sobre la trama, este diario ha podido saber que la Fiscalía ha pedido la comparecencia como testigos de cuatro personas: los administradores de las constructoras Blauverd y Balcón de Polop; el también ex concejal Juan Andrés Llorens, que se hizo cargo del área de Urbanismo entre 2003 y 2007 -durante el paréntesis de Juan Cano en el Consistorio- y Mónica Navarro, al parecer administradora de una de las empresas de José Vicente Martí, el tercer imputado en la causa y que fue ingeniero del Ayuntamiento de Polop entre los años 2000 y 2005 y recuperado por Cano cuando accedió a la Alcaldía tras el asesinato de Ponsoda.
Dos investigaciones paralelas
La investigación sobre el urbanismo de Polop es una parte desgajada del sumario que instruye el Juzgado número 2 de La Vila e investiga el crimen del alcalde Alejandro Ponsoda en octubre de 2007, y sobre el que la Guardia Civil ha mantenido en todo momento que tuvo un móvil urbanístico. De los documentos recabados por los investigadores, la juez estimó la necesidad de abrir una causa paralela al descubrir hechos que podrían ser en sí constitutivos de delito. El ex alcalde Juan Cano aparece como imputado en ambos procesos y por el primero de ellos pasó ocho meses en prisión provisional.
