Los grupos ecologistas Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción cargaron ayer contra el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino -MARM- por su decisión de "no formular oposición" al recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo por la Generalitat Valenciana, contra el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anulaba la licencia para las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea. Las tres organizaciones ecologistas emitieron ayer un comunicado en el que denuncian que el Ministerio ha confirmado con fecha de 28 de octubre de 2010 que "se abstiene de formular oposición" al recurso del Consell para "salvar" las obras, lo que para estas agrupaciones significaría que Medio Ambiente "está de acuerdo con el recurso interpuesto" por la Generalitat y "por tanto, en contra de la sentencia del TSJ", agregaron.

Como ya avanzó en su día este diario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV anuló el 1 de febrero de 2010 la resolución de 2004 del director general de Transportes, Puertos y Costas de la Generalitat, por la que se otorgaba a la mercantil Marina Greenwich SA la concesión para realizar las obras de ampliación de este puerto deportivo, actuación que ampliaría el número de amarres a cerca de 1.000, según recordaron ayer los ecologistas. Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción señalaron que una de las razones de esa decisión judicial "fueron las irregularidades que se produjeron en la incorrecta evaluación de impacto ambiental efectuada", puesto que se tenía en cuenta un informe de impacto ambiental de un proyecto posterior al definitivo. En dicho procedimiento judicial, el MARM figuró como codemandado al adscribir "el dominio público marítimo-terrestre a la Generalitat Valenciana, mediante resolución del entonces director general de Costas", explicaron.

"Esas obras supondrían la ocupación directa de 20 hectáreas y la destrucción de la misma superficie de Posidonia oceánica, endémica del Mediterráneo y protegida por la legislación valenciana, española y comunitaria", agregaron los ecologistas, que también recordaron que el MARM suspendió y paralizó las obras del puerto en 2006 por incumplir las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

Por último, los grupos ecologistas, lamentaron el "comportamiento contradictorio" del Ministerio al abstenerse ahora de formular oposición al recurso presentado por la Generalitat, después de que paralizara las obras. Por ello, reclamaron "más coherencia" al MARM y "una voluntad decidida y no arbitraria para proteger el litoral".