Un policía local pide el indulto al Gobierno para tratar de evitar su inhabilitación

J. MARÍN Un policía local de Benidorm se encuentra a la espera del pronunciamiento del Gobierno central para saber si puede continuar desarrollando su actividad o si, por el contrario, debe cesar en ella y acatar la inhabilitación de ocho años que pesa sobre él. El policía ha pedido al Ejecutivo el indulto del delito del que fue acusado y condenado, pero dos años después todavía no hay respuesta. Su petición está avalada por la juez de la Audiencia Provincial de Alicante, que autorizó la suspensión de la sentencia hasta que el Gobierno no se pronuncie. Mientras tanto, el agente continúa en su puesto de trabajo como han declarado compañeros suyos y como consta en los estadillos de servicio de la Policía Local.
Los hechos arrancaron en julio del año 2004 cuando la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante condenó al agente como autor de un delito de detención ilegal y le impuso la pena de cinco meses de multa con una cuota diaria de doce euros y ocho años de inhabilitación absoluta. El policía en cuestión había protagonizado un incidente con un ciudadano de nacionalidad china por un estacionamiento indebido de su vehículo. A partir de ahí, los recursos llegaron hasta el Tribunal Supremo y el Constitucional, pero éstos no prosperaron. Según declaró ayer el propio policía "el error fue de mi anterior abogado, según me dijeron los jueces y yo tenía que acatarlo". En ese sentido, incidió en que "tengo documentación de todas las partes en la que se reconoce que hubo un error de mi letrado en la tipificación del delito, pero que yo tengo que asumir". El policía agregó de igual modo que incluso su abogado le pidió disculpas por lo sucedido. En un principio, la acusación contra el agente lo fue por un presunto delito contra la integridad moral aunque el ministerio fiscal lo calificó como detención ilegal, a lo que el primer abogado del policía no se opuso.
El agente cambió de letrado y decidieron solicitar el indulto, lo que fue comunicado a la titular de la Audiencia Provincial. La juez entendió que la petición era correcta y respondió que "en tanto en cuanto el Gobierno no resuelva sobre el indulto no procede la ejecución de la sentencia". La petición fue enviada en diciembre de 2008, pocos meses después de que el Tribunal Constitucional no admitiera el recurso de amparo.
Desde el departamento de Personal del Ayuntamiento de Benidorm confirmaron ayer la situación en la que se encuentra el agente y precisaron que efectivamente existe una petición de indulto y una indicación de la juez en el sentido de que la inhabilitación no puede hacerse efectiva mientras que el Gobierno no determine al efecto.