El Consell mantiene el recurso para anular derechos económicos de los tránsfugas

La Generalitat Valenciana mantiene el recurso presentado para disolver el grupo municipal socialista de Benidorm y para anular los derechos políticos y económicos de los integrantes del equipo de gobierno, considerados tránsfugas.

En un comunicado, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha señalado que la resolución de la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo sobre el carácter tránsfuga de los ediles que respaldaron la moción de censura contra el PP ratifica el sentido del recurso presentado por el Consell para "anular los acuerdos adoptados por los tránsfugas mediante los cuales se hicieron con el poder".

Blasco ha instado a la "reinstauración democrática y legal" en el ayuntamiento de Benidorm, al considerar que no se sostiene un día más el incumplimiento de la ya vigente Ley Valenciana de Régimen Local, que sitúa en la condición de "no adscrito" a cualquier concejal de un grupo municipal expulsados o dados de baja del partido político por el que concurrieron a las elecciones.

Ante esta situación, ha concluido que "los tránsfugas de Benidorm están en la más absoluta ilegalidad".

Blasco ha puesto de relieve que el informe del Pacto Antitransfuguismo ratifica lo ya recogido en la citada Ley Valenciana de Régimen Local y, por lo tanto, evidencia que Consell "tiene toda la razón" en su posición con respecto al equipo de gobierno.

Ha recordado que la Generalitat presentó el pasado mayo este recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Benidorm, en sesiones plenarias de fecha 2 y 26 de octubre de 2009, para proceder a la disolución del grupo socialista ya que sus integrantes son concejales no adscritos así como la anulación de todos los derechos políticos y económicos.

Según el conseller, se trata de "una flagrante violación de la legalidad vigente donde no hay acatamiento de la Ley, por lo que la Generalitat se ve en la obligación de hacer cumplir" la legislación.

De esa manera, la Generalitat ha impugnado los acuerdos del ayuntamiento en los que los tránsfugas se otorgaron mayores retribuciones y más funciones políticas, como la pertenencia a un mayor número de comisiones y, por lo tanto, mayores retribuciones.

Para el Consell, esto vulnera el artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prohíbe que los tránsfugas tengan mayores derechos políticos y económicos que antes de la moción.

Blasco ha reiterado que los concejales socialistas deben pasar a la situación de no adscritos y no pueden pertenecer a ningún grupo municipal, tal como marca la Ley, lo cual no ha ocurrido.

"Los derechos políticos y económicos de los concejales no adscritos no pueden ser superiores a los que les correspondían antes de la adquisición de su condición de miembros no adscritos", ha advertido.