El gobierno de Benitatxell ha tirado por el camino de en medio en la alegación presentada por el constructor Pedro Sánchez al nuevo PGOU. Este promotor denunció el presunto soborno que le ofrecieron el ex alcalde, Juan Cardona (dimitió por su imputación por cohecho), y la edil Hannelore Rheindorf. Ambos concejales supuestamente le pidieron 50.000 euros a cambio de que sus terrenos, que en el nuevo PGOU eran no urbanizables, se mantuvieran como urbanos. El constructor alegó para que sus parcelas, del plan parcial Vista Montaña III, siguieran como urbanas (es la calificación en las Normas Subsidiarias). El actual gobierno ha decidido que no sean ni urbanas ni que se desclasifiquen. Ayer, en el pleno, aprobó que se declaren urbanizables, lo que obliga al promotor a desarrollar una unidad de ejecución. En la imagen, los terrenos aparecen en primer término, mientras que al fondo se observa Benitatxell y el Montgó.
