La portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, Natalia Guijarro, acusó ayer al grupo municipal del PP de "intentar torpedear" la creación de una comisión de investigación sobre las papelerías que vendieron material escolar y libro de texto en el anterior mandato popular, acogiéndose a becas municipales y cuando el portavoz del PP Antonio Pérez era edil de Educación, entre ellas la librería que regenta su familia.

La constitución de esa comisión fue aprobada en un pleno celebrado el 31 de mayo, con los votos a favor del gobierno local y el rechazo del PP. El acuerdo plenario preveía que la comisión estuviera formada por dos ediles del grupo socialista, dos del popular y el concejal no adscrito, José Bañuls. La portavoz del gobierno local señaló que, sin embargo, y ante el requerimiento de la Secretaría Municipal, el PP ha remitido un escrito en el que anuncia que los doce concejales del grupo "formarán parte de la comisión". Guijarro estimó ayer que este nombramiento de los doce ediles del PP "es un intento de poner trabas" a la comisión y "reflejo de que algo quieren ocultar". La portavoz explicó que la Secretaría Municipal enviará un nuevo oficio al grupo del PP recordándoles que tienen que ser dos los representantes y afirmó que, si la respuesta del PP vuelve a ser la misma, "de todos modos se creará la comisión". "Si vienen doce miembros, habrá que expulsarles", agregó.

Por su parte, el edil popular Sebastián Fernández negó ayer que su grupo trata de torpedear la comisión, pero reiteró que no están conformes con la composición propuesta, al considerar que "no es proporcional a la representación de la corporación". Fernández opinó que en la comisión "Bañuls tiene una sobrerrepresentación", pues se representa a sí mismo, mientras que un edil del PP representa a seis ediles. Para el PP, aceptar esa composición supone "otorgar a Bañuls más derechos que al resto de miembros de la corporación".

Fernández recordó que su grupo tiene planteado un contencioso administrativo contra la "mejora de los derechos políticos y económicos" del tránsfuga y dijo que esta comisión de investigación es "una cortina de humo". También señaló que la solución pasa por pedir a los departamentos de Contratación, Educación e Intervención que emitan informes sobre las ventas del material escolar y, si hay indicios de alguna irregularidad, "acudir directamente al juzgado".