El gobierno del PP en Benidorm adjudicó en el año 2005 la construcción de un tanatorio municipal en un terreno en el que no se podía construir. Dicho suelo tenía la calificación de rústico, pero a pesar de ello el expediente se tramitó sin que en ningún momento se hiciera referencia a tal situación.

Aquella obra se enmarcaba dentro de un proyecto de ampliación del cementerio, que se estaba quedando pequeño, hasta alcanzar los 65.000 metros cuadrados. Según hizo público ayer el concejal de Urbanismo Jaime Llinares, el entonces gobierno municipal decidió iniciar en diciembre de 2005 la ampliación del camposanto y a tal efecto se inició un expediente en el área de Contratación. Previo a ello hubo un informe del entonces edil de Cementerios y Urbanismo, Manuel Agüera en el que ponía de manifiesto que era de interés municipal tener un tanatorio e incluso se hablaba ya de la puesta a disposición de los terrenos anexos al cementerio. Aquello se produjo el 24 de octubre de aquel año. El edil popular propuso al pleno declarar como propia la actividad, es decir que fuera un servicio público. De hecho presentó algunas cláusulas para el contrato de gestión, según precisó Llinares.

A la licitación se presentó una única empresa, Funerarias Sellés S.L. que proponía hacer el tanatorio por 2.831.873 euros. En su oferta incluía unas mejoras valoradas en 60.000 euros para el cementerio y un canon al Ayuntamiento de 6.000 euros anuales, a cambio de prestar el servicio durante 49 años. Jaime Llinares recordó ayer que al ser la única empresa que optó, se valoró su propuesta y el día 22 de diciembre de 2005 se realizaron los informes pertinentes. Varios días después, el 30 del mismo mes, "el pleno aprobó el servicio, la construcción, el coste, el plazo de ejecución...". A la vuelta de Navidad el Ayuntamiento pasó la propuesta para adjudicar el servicio a la mercantil, pero ésta el 7 de marzo de 2006 se dirigió al alcalde para poner en su conocimiento que cuando iban a comenzar los trámites "se les informó de que el terreno era rústico" y que, por tanto, allí no se podía construir. "Es la triste realidad de una mentira continuada" dijo Llinares por cuanto era necesaria una recalificación del suelo que debería haber efectuado el Ayuntamiento. "Cinco años después la cuestión sigue sin aclararse". Así las cosas, la empresa no podía comenzar sus trabajos porque habría incurrido en un delito contra la ordenación del territorio. "Desde entonces no se ha hecho nada" aseveró el edil de Urbanismo.

En opinión de Llinares "es sospechoso" que nadie hiciera mención en ningún informe acerca de las características del terreno, "ni siquiera el proponente, que era concejal de Urbanismo". En ese sentido, Jaime Llinares tampoco pudo aclarar si la adjudicación de entonces sigue siendo válida a tenor del tiempo transcurrido sin que se haya hecho ada. "No es normal que pase tanto tiempo sin que nadie responda a una solicitud de inicio de obras" agregó.

El edil anunció que su gobierno promoverá "de inmediato" un Plan Especial de ampliación del cementerio para la construcción del tanatorio público y admitió que para ello "habrá que recalificar el terreno".