El Sindicato Profesional de Policía, Bomberos y Funcionarios (SPPLB) denunció ayer que el edil de Turismo de Callosa d'en Sarrià, Oscar García, ha obtenido el número uno de las dos plazas de agente censal que ha promovido el Ayuntamiento de Benidorm y que, en breve, comenzará a desarrollar su función. A juicio de esta central sindical es "vergonzosa la falta de ética de este supuesto concejal del PP", a quien culpan de colaborar a "engrosar el índice del paro, ya que debería dejar los puestos de trabajo a los que no tienen en vez de, egoístamente, tener dos".
La central acusa asimismo al alcalde Agustín Navarro de vulnerar la Ley de Presupuestos del Estado de diciembre de 2009, "en la que se ordena mantener las restricciones en la contratación de Personal Laboral".
El secretario general del SPPLB en Benidorm, Francisco Ángel González, lamentó la "caradura" y la "desfachatez", que dijo "no tienen límite en Benidorm". González afirmó que habían solicitado que antes de entrar a realizar sus funciones "se le advierta de los preceptos incluidos en la ley 53/1984 de 26 de Diciembre en su artículo 1, que dice que el personal incluido en la Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público". Según González, la ley "incluye expresamente a los miembros electos de las corporaciones en el ámbito de aplicación de la citada ley". Por último, el sindicato se dirige al gobierno local asegurando que el citado concejal callosino "debería de plantearse la posibilidad de dejar de dedicarse a trabajar por los ciudadanos y entregar su acta, y que si tiene un sueldo, no se preste a quitarle el puesto de trabajo a cualquier ciudadano que actualmente este en el paro, así como que, si se dedica a la política, debería haberse abstenido de presentarse a esta plaza, en la cuál la misión principal es la de manejar datos censales".
La otra plaza de agente fiscal ha sido para la hermana de la secretaria del alcalde de Benidorm.
