Ballester exige a Altea que le devuelva 12,2 millones tras la anulación de un PAI

La empresa reclama el dinero que adelantó al Ayuntamiento, más los gastos y daños y perjuicios

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Imagen de archivo de la zona donde debería desarrollarse el PAI Puentes del Algar.
Imagen de archivo de la zona donde debería desarrollarse el PAI Puentes del Algar.  DAVID REVENGA

JULIO MARÍN
La batalla emprendida por la mercantil Altea Futura, del Grupo Ballester, urbanizadora del PAI Puentes del Algar en Altea, tiene visos de prolongarse en el tiempo y de causarle al Ayuntamiento más de un quebradero de cabeza. Con la sentencia del TSJ que anulaba dicho sector urbanístico, se ha abierto la puerta para la reclamación económica de la mercantil, así como la de los tribunales de justicia por cuanto Ballester anunció que recurrirá la decisión.
Por lo pronto, ayer entregaron por el registro municipal la petición de 12,2 millones de euros al Ayuntamiento. Altea Futura reclama 6,5 millones abonados durante la firma del convenio del PAI y otros 1,2 millones que pagaron en concepto de mejora. A ello se suma la devolución de la garantía prestada al Consistorio, los gastos de elaboración de proyectos, que ascienden a 2,86 millones, los de notaría y registro (2.200 euros), los gastos de gestión (363.290 euros), los gastos financieros (138.381 euros) y los daños y perjuicios, cifrados por la empresa en 1,13 millones de euros. Total, 12.274.756 euros a los que deberán añadirse los devengados de los intereses legales correspondientes.
Altea Futura señala que la situación fáctica y jurídica del sector "ha generado no sólo la suspensión de las obras de urbanización, sino también la imposibilidad de su ejecución. Asimismo recuerda que la reciente sentencia del TSJ sustenta su fallo de anulación del PAI en que el Ayuntamiento alteano "ha incumplido la condición que se contenía en la Declaración de Impacto Ambiental, consistente en la desclasificación de suelos públicos". Ballester recuerda que con el cambio electoral en el Ayuntamiento, el pleno "acordó desistir y poner fin a la tramitación de la modificación puntual del Plan General", expediente que se mantiene "en un estado de paralización absoluta" que responde al "pleno conocimiento y voluntad" de la actual corporación. La empresa dice también que se reserva "las acciones penales que asisten a su derecho".

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