JULIO MARÍN
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado estimar el recurso interpuesto por el Bloc de Altea y anular, por tanto, el PAI Puentes del Algar. El tribunal "tumba" de esta forma la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante adoptada el 31 de enero de 2006 por la que se aprobaba definitivamente una modificación puntual del Plan General y la homologación del citado sector urbanístico.
Este plan parcial pretende urbanizar 500.000 metros cuadrados en el entorno a una zona húmeda de especial protección -el río Algar-, con la construcción de unas 6.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y tres macroáreas comerciales. La sentencia fue notificada el viernes y tiene fecha del 8 de mayo.
El tribunal fundamenta su decisión en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de una de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, en concreto la relativa a la desclasificación de suelo público en el Plan Especial El Áramo. Ese suelo estaba calificado como no urbanizable y debería pasar a protegido. Con gobierno del PP se inició la tramitación, aunque antes de finalizar su mandato se paralizó, según explicaron fuentes del Ayuntamiento. Con la llegada del nuevo gobierno, PSOE-Cipal, se decidió desestimar la tramitación "hasta que no se solucionara el conflicto existente con las propiedades de algunos vecinos". Aquel conflicto tenía su origen en que el Consistorio tenía registradas a su nombre algunas parcelas de particulares.
La sentencia también pone de manifiesto que el expediente de desclasificación del suelo se puso en marcha "sólo con posterioridad a la interposición del presente recurso". Por ello, para el tribunal "carece de relevancia si dicho expediente ha sido continuado o paralizado con posterioridad, o si introduce nuevos elementos territoriales".
Quienes más satisfechos se encontraban por la resolución eran los ediles del Bloc porque la sentencia "confirma los argumentos contra la urbanización de este paraje y justifica la larga y persistente lucha ante los tribunales". A su juicio, queda acreditado que "el proyecto es insostenible desde el punto de vista medioambiental y, además, que se cometieron ilegalidades en su tramitación y en la adjudicación a la urbanizadora". Los concejales nacionalistas creen que la petición de 14 millones de euros de la empresa "no tiene fundamento". En opinión de los regidores, el fallo es "un nuevo revés a la política de depredación urbanística a la que nos han sometido tanto el gobierno autonómico como el anterior gobierno municipal del PP". Los ediles Narbó y Ripoll instaron al actual gobierno a tomar medidas para proteger el río Algar.
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