Por si las complicaciones económicas del Ayuntamiento de Benidorm fueran pocas, ayer se conoció una nueva que puede traer de cabeza al equipo de gobierno y que amenaza con provocar la quiebra del consistorio, como admitió ayer el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares. Se trata del agente urbanizador del PAU-1 Murtal, que reclama al Ayuntamiento el pago de 74 millones de euros como consecuencia de los perjuicios que le ha causado no poder desarrollar el sector urbanístico.

Ese plan parcial fue adjudicado en el año 2000 a la empresa Prometosa Construcciones, ocupa una extensión de 907.000 metros cuadrados y recoge la construcción de unas 2.000 viviendas. La mercantil es propiedad de Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, que fue imputado por un PAI que preveía cuatro campos de golf y 1.600 casas en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila).

Llinares desveló ayer que el promotor ya ha presentado por registro de entrada la reclamación del pago, que atribuyó a la "nefasta, incompetente, inútil y sorprendente gestión del ex alcalde Pérez Fenoll y su edil de Urbanismo". Llinares incidió en que en el caso de prosperar la reclamación "supondría la quiebra absoluta del Ayuntamiento". El promotor, por su parte, señala en el escrito que el sector no se ha podido desarrollar por la "inactividad municipal y falta de voluntad" de los responsables políticos de los últimos años.

Problemas judiciales

El desarrollo de este plan urbanístico ha estado jalonado de múltiples batallas judiciales y decretos desde su adjudicación. Primero, Pérez Fenoll decretó que el Ayuntamiento pagara con suelo municipal el 10% que le correspondía en el sector los gastos de urbanización del PAU-1 Murtal, lo que fue rechazado por el juzgado. Igualmente, otro decreto acordaba la suspensión cautelar del sector a causa de las dudas de los técnicos municipales sobre una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al urbanizador a rebajar las tasas de urbanización. Éste reintegró el dinero a quienes habían pagado de más, pero no lo hizo con los que le habían pagado con suelo.

Posteriormente la empresa presentó un escrito en el que daba por aprobado el proyecto de reparcelación "por silencio administrativo positivo". El Ayuntamiento, todavía en manos del PP, le respondió que no era así y procedió el año pasado a decretar la suspensión de la citada reparcelación. Una decisión que fue recurrida ante el contencioso administrativo.

Según explicó Llinares, el reclamante asegura que el Ayuntamiento "no ha tenido una actuación leal y eficiente en el trámite de reparcelación" y precisó que "al secretario municipal se le apartó por decreto del expediente". Igualmente, el promotor denuncia que en el expediente no han tomado parte técnicos municipales, sino asesores externos, lo cual restaba "rigor y garantía jurídica".

A la petición del promotor se suma la de un particular, que reclama el pago de otros 500.000 euros por la dilatación del plan.