La empresa de la ORA se querella contra el edil José Bañuls por un supuesto delito de prevaricación

Las diferencias entre la concesionaria y el regidor arrancan en su etapa de gobierno con el PP. Entonces también ocupaba la cartera de Seguridad y Movilidad y las discrepancias surgieron por varios motivos. Entre ellos, el hecho de querer cobrar las sanciones de la ORA a través de Suma, la eliminación de plazas de zona azul en beneficio de la carga y descarga o la no ampliación del estacionamiento de pago pese a las supuestas promesas. La empresa, además, alegaba un desequilibrio económico.

Aquellos enfrentamientos llegaron al seno del gobierno local porque Bañuls entendía que sus compañeros se posicionaron del lado de la mercantil y le desautorizaban. Desde ese momento, Bañuls se distanció del resto de ediles hasta que desembocó en su marcha del grupo popular y el posterior cambio de gobierno.

Lejos de reconducirse la situación, el concejal volvió a ocupar la misma cartera y meses después de la censura logró que el pleno aprobase el inicio de un expediente para la rescisión del contrato con Park Control por incumplimiento grave del pliego de condiciones. La empresa, por su lado, acudió el día 5 de mayo al juzgado para presentar la querella, que fue admitida a trámite por el juez el pasado 17 de este mes. En los fundamentos de derecho, el titular del juzgado número 5 de Benidorm indica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa".

Ayer, el propio Bañuls salió al paso de la citada querella "en aras a la transparencia del gobierno" y él mismo anunció la existencia de la misma. Según explicó, la demanda de la empresa viene motivada "por mi supuesta animadversión hacia esta mercantil, según dicen".

El pasado mes de marzo se incoó el expediente de resolución del contrato "por 36 infracciones graves". En este momento, el expediente se encuentra en manos del Consell Juridic Consultiu, cuyo dictamen es preceptivo, pero no vinculante, y que aún no se ha recibido. A juicio de Bañuls, la querella de Park Control "es una estrategia político empresarial para retrasar el procedimiento administrativo, un intento de presión para amedrentarme y echar abajo la intención de defender los intereses ciudadanos frente a una empresa, pero no lo van a conseguir". El concejal se refirió entonces al cariz político de la querella y acusó al partido de la oposición. "Ha quedado patente la tibieza del PP, por no decir su alineamiento con la empresa. Uno de los testigos que propone el querellante es Francisco Saval", edil del PP, quien "en el pleno sólo tenía argumentos a favor de la empresa". Bañuls también recordó que "ya tuve presiones en el anterior gobierno para favorecer a la empresa" e incidió en que a Park Control "ya le han rescindido el contrato en ciudades como Castellón o Ibiza por el mismo motivo". En su opinión "no se puede admitir que digan que pierden dinero cuando los datos del Registro Mercantil dicen lo contrario. Se están burlando de la ciudad".