El Síndic de Greuges, defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón a la Associació Amics de la Vall de Guadalest, creada para dar voz ciudadana al proyecto de remodelación de la carretera CV-70 que enlaza Benidorm con Alcoy, en sus denuncias sobre la falta de información que mantiene el Consell a los vecinos sobre el trazado final que adoptará la vía, y sobre la elaboración de un Plan de Participación Pública, Ambiental y Paisajística, cuyas conclusiones deben ser condicionantes de la infraestructura, según recoge la Ley. El Síndic remitió la queja a la institución autonómica hace un mes, pero hasta la fecha nada ha cambiado para los denunciantes.

Según explicó ayer Isabel Solves, presidenta del colectivo, las irregularidades se suceden al igual que las desinformaciones sobre los cambios del trazado final que tendrá el proyecto. El último, aportada por el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, el 23 de marzo, al término del Consell de Turismo celebrado en Benidorm. Allí declaró que sería una "vía rápida", y barajó la posibilidad de construir un túnel de 7 kilómetros en el puerto de Confrides y otro de menor longitud. Ambas propuestas ni se comunicaron ni atienden a la voluntad vecinal, según afirmó la presidenta de la asociación, que cuenta con 110 miembros aun teniendo menos de un año desde que su creación. "Lo único que nos comunicaron es que se trataba de una doble vía con variantes en las poblaciones, pero nada más, y nosotros estamos en contra también de las variantes, ya que convertirá esta carretera en una vía de paso, no de llegada, lo que aparte del impacto medioambiental que supondrá para el valle abrir más vías, arruinará la pequeña economía de los pueblos por los que pasa la antigua carretera, que viven del turismo". "Por este motivo un 72 por ciento de la población de toda la zona rechaza ningún tipo de trazado", declaró Solves, recalcando que aunque "en volumen" se entienda que Benidorm y Alcoy generan más riqueza económica, es necesario salvaguardar el otro turismo más modesto, el de interior, "si no se busca su desaparición".

No inclusión de alegaciones

Por otra parte, Solves remarcó la irregularidad que ha seguido el Consell respecto a la participación ciudadana. En un principio, según relata, "ni se hizo el documento del Plan de Participación, sino que se hicieron cuestionarios

a través de la empresa privada Vielca, que recogió encuestas en los tramos que van de Alcoy a Confrides y de Benifato a l'Alfàs del Pi". Después de aquel sondeo se presentó un Plan de Participación Pública, pero "no fue válido porque ni se expuso, como obliga la ley, ni se dejó para hacer las alegaciones pertinentes", añadió. Tras ese paso se sucedieron otras dos prórrogas al plan, "pero ni en la tercera se hizo de forma que pudiéramos presentar alegaciones", explicó la presidenta del colectivo, recordando que hay convenios que obligan a las administraciones a cumplir correctamente con este tipo de documentos que recogen la voluntad ciudadana, y aplicar sus resultados, algo que recoge también la queja tramitada por el Síndic de Greuges.

Finalmente, advierte que los ciudadanos están legitimados para recurrir los actos y omisiones imputables a las autoridades públicas que contravengan los derechos que la ley reconoce en materia de información y participación pública.