RAQUEL LÓPEZ
Ofelia Brotons comenzó a trabajar hace más de 30 años para Antonia Aragonés Urrios, última heredera del imperio de esta afamada familia vilera, en la finca La Barbera, "por horas, cobrando 5 duros la hora", según relata desde el piso que debía haber desalojado el pasado 31 de enero por requerimiento municipal. En aquella época -finales de los 70 y comienzos de los 80- compaginaba su trabajo con otro, el de la recogida de limones, pues el jornal por horas no daba para vivir, según recuerda. Pero en 1985 su suerte cambió, y pasó a vivir en la finca, convirtiéndose en la última guardesa de la misma, lo que haría de manera formal, a tiempo completo, desde 1991, siendo éste un cometido que podría haber realizado de por vida. Pero en 2002 tuvo que ser desalojada debido a la rehabilitación efectuada por el Ayuntamiento de La Vila, que posibilitaría su conversión posterior en casa-museo de la ciudad. Después ya no volvió a residir allí, a pesar de que la señora Aragonés dejó dicho, entre sus últimas voluntades, que Ofelia "no saliera jamás de la citada finca, e incluso le hicieran, en un patio colindante al edificio principal, una vivienda para toda la vida". Un deseo realizado "in voce" frente al párroco (ya fallecido) y la dama de compañía de Antonia Aragonés, que dio fe de la misma por escrito ante notario.
Por este motivo, cuando la heredera falleció, a finales de 1992, el trabajo de Ofelia pasó a ser responsabilidad del beneficiario de la herencia, el Obispado de Orihuela-Alicante. La institución religiosa materializó aquella voluntad con un contrato de guardesa en el que contemplaba un sueldo de 70.000 pesetas (algo más de 400 euros), con derecho a casa y habitación. Una relación laboral que sería subrogada años después a la Fundación Benéfico Asistencial Concepción y Pedro Aragonés, y más tarde al Ayuntamiento vilero, que en 1998, mediante un convenio de cesión urbanística, se había hecho propietario de la finca, según refleja un informe municipal.
Los años transcurrieron y la guardesa continuó ejerciendo sus funciones y viviendo en La Barbera durante casi una década. En 2002 el entonces alcalde, José Miguel Llorca Senabre, firmó un decreto por el cual se la desalojaba por el tiempo de duración de las obras de rehabilitación, a un piso de cuyo alquiler, agua, luz y otros gastos "se haría cargo el Ayuntamiento", durante un periodo de "dos años prorrogables" hasta la conclusión de la rehabilitación, en que volvería a ocupar "la vivienda habilitada al efecto en dicho inmueble, continuando las tareas de guardesa que veía desempeñando", según marcó el alcalde. Pero cuando la casa se reinauguró tras la rehabilitación en diciembre de 2004, Ofelia no volvió, pues según dice, "pusieron un bar en vez de casa para guardesa". Así, siguió residiendo en el piso, pagado por el Ayuntamiento, que tampoco la llamó para que se reincorporara a su puesto, según imagina, porque contrataron conserjes. Hasta hace un año, en que la edil de Patrimonio la envió un escrito obligándola a presentarse en su puesto de trabajo tras detectar que no se presentaba al mismo. Poco después, se le reclamó dejar el piso, como tarde el pasado 31 de enero, al pasarla al puesto de "conserje". Tenía 75 años.