EFE
informacion.es
El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, han anunciado hoy "el desbloqueo" del Plan de Actuación Integral (PAI) Armanello y han augurado que "si todo va bien", a "principios de 2011 se puede estar hablando de urbanización" de la zona.
Navarro y Llinares han hecho estas declaraciones en rueda de prensa, en la que han indicado que, tras finalizar en diciembre pasado los procesos judiciales que pesaban sobre ese plan, ya se ha mantenido un encuentro con el urbanizador -Enrique Ortiz e Hijos- y que éste ya ha empezado a remitir al Ayuntamiento la documentación para que el proyecto "vuelva a su cauce".
Según Llinares, el urbanizador ha enviado ya al consistorio "el análisis de movilidad", "el texto refundido del plan parcial" y "el proyecto de urbanización" con las deficiencias subsanadas y que están "pendientes" de "los informes de los técnicos municipales".
El edil de Urbanismo ha explicado que el desbloqueo de ese plan pasará por pleno "en febrero o marzo" y que se prevé que "antes de tres meses" puede contarse ya con "el proyecto de reparcelación".
Además, Llinares ha expuesto que el desarrollo de Armanello "le repercute al Ayuntamiento" en más de 14 millones de euros.
Por su parte, el concejal popular José Ramón González de Zárate ha adelantado hoy que "no van a mover ni una sola piedra mínimo hasta después de verano de 2011" y ha instado al gobierno local "a tirar abajo las catorce casas de la zona que son propiedad del urbanizador" y que, para ello, se pida permiso al edil de Seguridad Ciudadana, José Bañuls.
González de Zárate ha asegurado que, durante la anterior etapa de gestión del PP, fue el propio Bañuls, que también tenía asumidas las competencias de Seguridad Ciudadana, quien "puso trabas" al derribo de esas casas.
Asimismo, el edil popular ha urgido al alcalde de Benidorm a aclarar el futuro del mercadillo que desde hace tres décadas se instala en Armanello.
El Plan Armanello fue adjudicado en 2001 y, desde entonces, ha sido objeto de nueve recursos contenciosos-administrativos y una querella presentada por varios propietarios.
La última sentencia respecto a ese plan fue dictada el pasado mes de diciembre por el Tribunal Supremo, que desestimaba un recurso de casación interpuesto por una mercantil contra la adjudicación del plan, que prevé una superficie de más de 600.000 metros cuadrados.