R.LÓPEZ.
El sindicato CSI·F denunció ayer que más de una decena de motocicletas de la Policía local de La Vila Joiosa no tiene pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), "obligando a los agentes a patrullar infringiendo las normas de circulación, y jugándosela a tener un accidente con un vehículo sin la documentación en regla". En este sentido, el sindicato explica que al tener "la mayoría de motos la ITV caducada, complicaría en gran medida cualquier tipo de reclamación que pueda producirse por parte de quien pueda sufrir un accidente con estos vehículos, al no hacerse cargo de ello las compañías de seguros".
Esta situación se debe, según afirmaron desde el sindicato, "a la desidia y dejadez del jefe de Policía, que no sólo no se preocupa de lo más importante, que es que tengan pasada la ITV, sino que tampoco le importa que no se cumpla la uniformidad que regula la rotulación y señalización acústica y luminosa de los vehículos policiales; como no le importa que los vehículos salgan del taller sin tener subsanados todos sus desperfectos, o directamente no salgan del mismos por la deuda que se tiene con el taller".
Entre las deficiencias de los vehículos que destacan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios figuran "el hecho de que haya una moto que lleve los espejos retrovisores pegados con precinto policial"; "que una de las motocicletas utilizada para el medio rural lleve la maleta atada con una cuerda, y se esté quedando prácticamente sin pintura"; o "la existencia de coches en donde han quitado o se ha caído una letra del rótulo, y patrulla con uno que dice "Pol local", o directamente se patrulla con una parte de la carrocería sin rotular".
Ante ello, desde CSI·F exigen al intendente jefe en funciones de la Policía Local, José Álvarez, que "comience a llevar algún control y articule las medidas necesarias para tener los vehículos policiales en condiciones, puesto que en caso de no hacerlo, le recuerdan que "si no están en condiciones, nadie puede obligar a los agentes a utilizarlos", y añaden: "Podemos negarnos y optar a realizar el servicio a pie, y entonces los perjudicados serían los ciudadanos, ya que no podríamos atender las llamadas con la premura que lo haríamos de trasladarnos en vehículo".