El PP recurre los acuerdos plenarios del pacto entre Bañuls y el PSOE

R. PAGÉS El grupo municipal del Partido Popular de Benidorm presentó ayer dos recursos de reposición para anular dos de los acuerdos plenarios que el pasado 10 de julio sacaron adelante por la vía de urgencia el edil no adscrito, José Bañuls, y los doce concejales del PSOE, en lo que los populares calificaron como una "moción de censura encubierta". Los recursos presentados por el equipo de Gobierno local se escudan en "la ilegalidad" de los acuerdos aprobados por el PSOE y el edil huido del PP en los puntos 11 y 12 de dicho pleno, concretamente en lo que se refiere por una parte a la aprobación de un reglamento de participación ciudadana y, por otra, al despido de cinco cargos de confianza de Pérez Fenoll -entre ellos, la tránsfuga Maruja Sánchez-, la designación de cuatro asesores para el edil no adscrito o la cesión a la oposición de la presidencia de las comisiones informativas municipales. El PP advierte también de su intención de acudir hasta el contencioso-administrativo, en el caso de que no prosperasen ambos recursos.
Los documentos, firmados por los doce concejales del equipo de Gobierno, toman como referencia los informes que Pérez Fenoll encargó al secretario y al interventor municipal días después del pleno de julio, en el que los socialistas y Bañuls pusieron por primera vez sobre la mesa el nuevo equilibrio de fuerzas en el Ayuntamiento, tras el abandono de las filas populares protagonizado semanas antes por este último.
En el primero de ellos, concretamente en el que alegan contra el punto 11 del pleno, el recurso pide que se anule el reglamento de participación ciudadana o que "quede sin efecto por un nuevo acuerdo que sea objeto de consenso (...) y que se ajuste a la normativa vigente del Estatuto del Vecino, al que el grupo municipal del Partido Popular en modo alguno se opone". Para llegar a esta determinación, el escrito afirma que, según los informes jurídicos, el acuerdo está "viciado de nulidad, al no haberse respetado su procedimiento legal de tramitación y aprobación" que determina la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Además, el PP mantiene que "lo correcto hubiera sido tramitar una moción de aprobación de una disposición de carácter general", bien a través de un reglamento orgánico municipal bien tramitado como si de una ordenanza local se tratase. Esto último comportaría, por tanto, un periodo de exposición pública y audiencia, un plazo de alegaciones, etc., lo que en este punto, según el PP, "se obvió por completo".

Personal eventual
El recurso contra el punto 12 del pleno, que impulsaba el despido de cinco cargos de confianza del alcalde -entre ellos los de Maruja Sánchez, Vicente Iborra, Vicente Picó y el coordinador de prensa, Carlos Esteve- o la asignación de cuatro asesores para el edil Bañuls, los populares reiteran que el acuerdo también está "parcialmente viciado de nulidad" y que "la supresión de unos puestos o la creación de otros" propuesta por la oposición no tuvo "en cuenta aspectos presupuestarios y procedimentales de ninguna índole". El PP señala que la Ley de Bases de Régimen Local establece que la variación de personal eventual "sólo podrá hacerse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales", "con una propuesta organizativa presentada en pleno" y con "información al público".
Del mismo modo, sobre la creación de una dedicación exclusiva para el edil Bañuls, con un sueldo mensual de 2.600 euros, mantienen que, según el ROF, esta competencia "corresponde al alcalde" y que "sólo él puede proponer al pleno, dentro de la consignación global contenida en el presupuesto".
Por último, para la cesión de la presidencia de las comisiones informativas, el recurso del PP recuerda que el alcalde es "presidente nato" de las mismas y que sólo él puede "delegar la presidencia efectiva" dentro de un "un vínculo de confianza, que se rompería si se le intentase imponer un candidato que no fuera de su confianza".
El PP elevará al pleno de agosto ambos recursos para su votación.