Indignación en Polop

Los vecinos de las fincas rústicas de Polop se sienten "engañados y estafados" por las elevadas sanciones que deberán pagar al ampliar sus casas sin permiso de obra.

VIRGINIA MENDOZA Vecinos de Polop protestaron ayer ante el Ayuntamiento, con camisetas bajo el lema "Engañados y estafados", por la cantidad excesiva que deberán pagar tras la ampliación de sus fincas sin permiso de obra en zonas rústicas del municipio. Según manifestaron los afectados, tras solicitar dicho permiso, les fue denegado y aún así se arriesgaron a construir, confiando en la costumbre "implantada desde 1993 por el entonces concejal de Urbanismo", ahora alcalde, Juan Cano, quien, según afirman, "promovió las facilidades para construir en zonas rústicas", imponiendo sanciones simbólicas que podían asumir.
"Lo hacías, pagabas una pequeña multa y ya", recordó Juan Francisco Fuster, uno de los afectados. Pero la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana de 2005 ha llevado al Ayuntamiento a sancionar a estos vecinos con cantidades que, según afirman, alcanzan hasta los 700.000 euros y que, como asegura Juan Francisco, "no se pueden asumir". Además, algunos de los afectados aseguran que deberán pagar por más metros de los que realmente construyeron. "A casi todos nos han puesto metros de más", explicó Antonio García. Lo que preocupa a los vecinos es la falta de información por parte de las administraciones que, teniendo conocimiento de que se estaban realizando estas construcciones sin el permiso necesario, "no avisaron ni paralizaron las obras".
Los afectados han decidido unirse creando la Asociación de Vecinos de las Fincas Rústicas de Polop, para que "reorganicen lo que antes se nos ha permitido", afirman. Aunque hay ochenta asociados, varios de ellos calculan que la cifra de familias afectadas podría elevarse a quinientas. El presidente de la asociación, Miguel Gómez, considera "vejatorio" el tratamiento que están recibiendo estos vecinos, presentados como "delincuentes y ocupas, a pesar de pagar impuestos" y achaca la escasa afluencia a las dos concentraciones que han realizado al "miedo que tienen ante esta situación". Este diario intentó ayer, sin éxito, conocer la postura de la administración local ante estas protestas.
La presión de SUMA, que les exige que declaren los terrenos, plantea una contradicción que los vecinos no entienden: "¿Por qué unos me piden que declare lo que, según otros, no debería existir?", se pregunta Antonio. En algunos casos, según los vecinos, las multas gravan construcciones anteriores a la ley en cuestión. "Mis trabajos están realizados con anterioridad, todo demostrable con facturas", explica indignada María Jesús García y pide "que no se me castigue por intentar dar a mi familia algo tan básico como un techo".