La querrella se presentó en 1987, pero no fue hasta ayer, 22 años después, cuando ha comenzado a juzgarse la presunta estafa inmobiliaria en la que tres promotores están acusados de vender a varios propietarios los mismos pisos del edificio "Mar Pinos" del complejo Ciudad Antena de Benidorm y de ocultar sus cargas hipotecarias. Aunque desde las defensas solicitaron la prescripción del caso por el tiempo transcurrido y la nulidad de la causa por vulneración de los derechos de los procesados, los magistrados pospusieron su decisión al momento de la sentencia. Así, acordaron proseguir con el juicio contra los tres procesados por los delitos de estafa y falsificación de los que les acusa el fiscal, que pide penas que suman 28 años de prisión y una indemnización para los perjudicados. Mientras, los procesados defendieron ayer su inocencia ante la sala que los enjuicia.

Aunque en su día la cifra de afectados pudo superar la treintena, en la calificación del fiscal apenas firguran una docena y en la actualidad sólo dos de ellos están personados en la causa con acusación particular. El resto, ha fallecido o ha desistido de seguir en el procedimiento.

Fuentes del caso apuntan a la complejidad de la causa, a la práctica de múltiples pruebas y al retraso de los trámites judiciales como principales causas de la demora que afecta tanto a los perjudicados como a los acusados. Así lo aseguró uno de ellos, Ángel Pelluz, que como abogado ejerce de su propia defensa en el juicio. "El juzgado no ha sabido llevar la instrucción y la causa ha ido pasando de unas manos a otras porque los jueces han estado de tránsito por Benidorm", señaló a este diario. Por su parte el letrado de la acusación particular José Ramón Capdevila aseveró que "los acusados se han encargado de dilatar el proceso".

Un ejemplo de la lentitud con la que ha transcurrido el proceso se dio en 2006, cuando se fijó el juicio por estos hechos en la Audiencia y las defensas pidieron la nulidad de la causa por defectos de forma. El tribunal provincial acordó entonces devolver la causa al juzgado de instrucción. Desde entonces, han tenido que pasar tres años para que el caso volviese a la Audiencia para ser juzgado.

Durante el juicio, Ángel Pelluz negó las acusaciones que recaen sobre él y aseguró que quería "limpiar" su honor y que los engañados fueron ellos. Por su parte, Ángel G., declaró que no realizó dobles ventas ni era consciente de que los apartamentos tuvieran cargas. El tercer procesado, José Luis P., también defendió su inocencia y afirmó que abandonó la sociedad al "no estar de acuerdo con algunas cosas".