JULIO MARÍN
El constructor Enrique Ortiz, adjudicatario de la Estación de Autobuses de Benidorm, hipotecó la infraestructura una vez terminada la obra, pese a que el juzgado había anulado parte de la concesión el pasado 23 de octubre de 2007, según denunció ayer el concejal socialista Jaime Llinares. La autorización para la hipoteca la otorgó el pleno el día 24 de diciembre de 2008 y la misma fue cursada en noviembre de ese año. Llinares criticó que el equipo de gobierno autorizase la hipoteca a pesar de que el procedimiento judicial "seguía abierto".
Según el Registro de la Propiedad, en marzo de 2009 figura la concesión administrativa de la Estación, la titularidad del Ayuntamiento y una hipoteca de 21,3 millones de euros, a la que se suman intereses, costas y gastos que totalizan 30 millones para ser amortizados hasta el año 2023.
Ayer el PSOE puso de manifiesto que la escritura de concesión administrativa no se ha otorgado "porque para ello hay que asegurar la legalidad, y ahora no pueden" y que dicha concesión no tiene la escritura pública para explotar la Estación, lo que calificaron de "irregularidad". Asimismo recordaron que aún está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la adjudicación, tras el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, y que si éste la anulase en su totalidad "como parece que ocurrirá" habría que ir a un nuevo concurso público.
Carga adicional
En ese caso, el nuevo adjudicatario tendría que acarrear con la carga hipotecaria suscrita por Ortiz, pero esa situación plantea la duda de si habría alguna empresa interesada en presentar alguna oferta conociendo que debe hacerse cargo de una cantidad muy elevada. Llinares señaló ayer que "la Fiscalía Anticorrupción debería tomar cartas en el asunto". El PSOE sospecha que Ortiz hipotecó la Estación para tener liquidez para otros proyectos.
"El procedimiento se ha hecho de acuerdo a la ley"
Fuentes municipales del Ayuntamiento de Benidorm explicaron ayer que el equipo de gobierno tuvo que "autorizar" la petición de la hipoteca porque esa posibilidad estaba reflejada en el pliego de condiciones y señalaron que todo el procedimiento "se ha hecho según marca la ley". Las mismas fuentes indicaron que, antes de las elecciones municipales de 2007, el Ayuntamiento de Benidorm remitió a la Fiscalía Anticorrupción todo el expediente de la Estación de Autobuses, pero ésta "no vio en ningún momento indicios de irregularidades".