Ortiz se compromete a derribar las casas de Armanello en un plazo de dos meses

JULIO MARÍN El constructor Enrique Ortiz se ha comprometido con el Ayuntamiento de Benidorm a derribar las casas que aún quedan en pie en la zona de Armanello en un plazo que no superará los dos meses. Ortiz, que estuvo el pasado viernes en la localidad presentó en el Registro Municipal las valoraciones que ya ha efectuado de dichas viviendas y el compromiso de acometer la demolición en el plazo citado, según confirmaron fuentes del departamento de Urbanismo. El Ayuntamiento ya ha procedido hace meses al derribo de varias viviendas, aunque todavía quedan en pie cerca de una treintena de casas.
Ortiz, al parecer, ha llegado a un acuerdo con la mayoría de propietarios del sector en la valoración de sus inmuebles y será él quien asuma los costes del derribo, que serán considerados como gastos de urbanización del plan parcial, pese a que todavía no está finalizado el proyecto de reparcelación ni tampoco el de urbanización del mencionado sector.
El argumento empleado por el constructor, adjudicatario de la urbanización del plan Armanello, es el de la falta de seguridad de los inmuebles para la integridad física de las personas ante el riesgo de que alguno pudiera colapsarse. Igualmente se estima que las casas de la zona se han convertido en un foco de inseguridad y de delincuencia, por lo que también se empleará como argumento para su demolición.

Desbloqueado
En la actualidad, el plan Armanello se encuentra desbloqueado judicialmente toda vez que el urbanizador y los propietarios del mercadillo Pueblo alcanzaron un acuerdo para retirar el asunto de los tribunales de justicia.
Este Plan Parcial abarca una superficie de 667.600 metros cuadrados y prevé la construcción de casi 4.000 viviendas repartidas en una veintena de rascacielos. El plan aprobado por el Ayuntamiento de Benidorm contemplaba casi 175.000 metros cuadrados para uso residencial, 186.728 para viales y aparcamientos, 31.178 para uso terciario, casi 90.000 para una zona verde, cuyo coste se estimó en doce millones de euros, y otros 93.144 metros cuadrados para equipamientos públicos.