J. MARÍN
La mercantil Aguas de Valencia S.A. (AVSA) ha presentado en el Ayuntamiento de Benidorm un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del pasado 30 de octubre por el cual se acordó una prórroga en la contrata del agua durante los próximos treinta años a favor de la actual concesionaria, Aquagest.
El recurso de la mercantil, que se considera perjudicada al no poder aportar su oferta en un concurso abierto, llegó al Consistorio el pasado día 13 de este mes y aún no ha sido resuelto por el gobierno local. Todo hace indicar que dicho recurso será desestimado, pero permanecerá abierta la vía del contencioso administrativo, que con toda probabilidad ejercerá la empresa. Algunas fuentes municipales precisaron ayer que es posible que otras mercantiles opten por hacer lo mismo ante la decisión adoptada por el gobierno local al sentirse perjudicadas "por lo que podría convertirse en un asunto delicado al no ser ésta la primera vez que se prorroga la adjudicación". El contrato de Aquagest finalizaba en 2017 y se alargó en aquella sesión hasta el año 2037.
Contraprestación
Aquagest es la concesionaria de los servicios de agua y alcantarillado. A cambio de la prórroga de la concesión, el Ayuntamiento percibirá tres millones de euros como adelanto a costa del beneficio industrial de la mercantil y a fondo perdido, que servirán para paliar parte del remanente negativo de Tesorería que presentan las arcas municipales, según se puso de manifiesto en la última sesión plenaria por parte del edil de Hacienda, Francisco Saval, que ayer se encontraba ilocalizable cuando este diario le requería para opinar sobre el recurso de Aguas de Valencia.
Según el acuerdo alcanzado con Aquagest, esta empresa deberá invertir diez millones de euros para la mejora de la red de agua y alcantarillado durante ese tiempo. En aquel pleno, la edil socialista Natalia Guijarro criticó la gestión realizada porque, dijo, "si los cinco millones de euros de inversión en diez años no fueron suficientes, tampoco lo van a ser diez millones hasta 2037". A juicio del grupo socialista, el paso dado por el gobierno "hipoteca el futuro de nuestra ciudad e impide la posibilidad de acceso a otras empresas" por medio del concurso público. El PSOE, después, afirmó que ese dinero ya está comprometido por tener que pagar unas obras pendientes de hace varios años.